El Estado sabe que el Gobierno de Ibarretxe juega al mus sin cartas y que jugando así siempre gana el Gobierno de España. Todo indica que estamos en época de «representación»; casi todo lo que aparece en los medios de comunicación tiene grandes dosis de teatralidad. Decimos «casi todo» porque lo que no cambia, sí va en serio y se cumple son las voluntades del Gobierno español en lo que afecta al territorio vasco.

Vuelve Hobetuz. Vuelven a ser los temas sociales los que actúan de «algodón que no engaña» para medir las verdaderas voluntades de unos y de otros. La Formación Continua en la CAPV ha sido la historia de un boicot en toda regla por parte del Estado al traspaso de la competencia. Un boicot ejercido por sus gobiernos respectivos, PSOE y PP (tanto monta, monta tanto) y por los sindicatos CCOO y UGT y la patronal. Un modelo, el estatal, cuyo rasgo característico es que esas organizaciones sindicales y patronales «gestionen» en primera persona la formación y sus dineros.

En la CAPV tuvimos el atrevimiento, allá por 1995, de ir a un modelo distinto, amparado por la «ley vigente», cuyo fin fuesen las necesidades de formación de trabajadoras y trabajadores. Un modelo en el que quedasen definidos claramente los objetivos, donde la gestión fuese transparente y se evitase cualquier posibilidad de beneficios espurios para las organizaciones sindicales y patronales. Se creó Hobetuz. Salvo en el periodo en el que el PP no tenía mayoría absoluta en las Cortes españolas, desde el Estado se le ha negado la financiación a Hobetuz; se le ha negado el pan y la sal. Han negado lo que nos corresponde por las cuotas que pagamos aquí.

Han negado que Hobetuz sea receptora de los fondos que le corresponden por dos razones fundamentales: la primera, porque no aceptan aquello que con otras mayorías distintas a las de Madrid se pueda decidir y, la segunda, porque quieren preservar que el modelo de formación continua decidido en el Estado se aplique por igual en todo el territorio estatal, CAPV incluida, por supuesto.

Desde el año 2004, y por esa negativa a admitir «que con la financiación nos viésemos obligados a aceptar el modelo español», Hobetuz no ha recibido financiación. Existía, si así se le puede llamar, un conflicto competencial no resuelto y ese conflicto se refería a la interpretación del Estatuto de Autonomía. En ese contexto de incumplimientos sistemáticos en materia de transferencias, el Gobierno vasco anunció que si el Estado no transfería las competencias pendientes «procedería a la asunción unilateral de las mismas y a descontar del Cupo al Estado el coste que eso representase para la CAPV». Pues no, esta vez tampoco ha sido así.

No hay conflicto; se acabó. ¿Que cómo ha concluido? Aceptando el Gobierno vasco la financiación, y con ella la aplicación del modelo estatal que han acordado en Madrid CCOO, UGT y la Patronal. El Consejero de Educación de EA ha tardado once meses en recibirnos para poder hablar de Hobetuz y de su futuro. Estaba muy ocupado para recibirnos. El resultado de esa reunión ha sido clarificador y frustrante: deja de haber conflicto político con Madrid en relación a la formación continua.Esta aceptación del Gobierno vasco supone varias cosas: la primera, que le trae sin cuidado la opinión de la mayoría sindical vasca (eso no es novedad); la segunda, que acepta las posiciones que defienden CCOO, UGT y Confebask, poniendo la Formación Continua en la CAPV al servicio de la financiación de sus estructuras, y la tercera que renuncia a la posición política que hasta ahora mantenía, devaluando la reclamación sobre el contenido competencial del Estatuto vigente. Un viaje con resultado patético.

Por eso decimos que el Gobierno español tiene tomada la medida al Gobierno vasco y sabe que juega de farol. Basta emitir un juicio sobre lo que de verdad están haciendo. En política hay que creer en lo que se ve, y lo que está sucediendo nos indica que el debate en sede institucional sobre la superación del marco, el ejercicio del derecho a la consulta y la aparente discrepancia sobre la transversalidad que ha planteado el consejero Azkarraga son pura retórica y escenificación. Quienes en materias como la Formación Continua son incapaces de sostener una posición política para que Madrid cumpla con lo que debe y actúan así no tienen credibilidad. Buscan el acuerdo con el Estado en las claves que el Estado desea. Eso es lo que han hecho el Departamento de Educación (EA) y el Gobierno Vasco. No sólo no tienen ninguna voluntad de sumar con aliados reales para confrontar legítima y democráticamente, sino que a este Gobierno le terminan estorbando las reglas de juego del respeto a las mayorías sindicales, porque impedirían el desarrollo de ese modelo en la CAPV. Y, como les estorban, las cambian de manera antidemocrática. Propagandas aparte, esto es lo que hace este Gobierno.

De nuevo, y no por casualidad en un tema social, el Estado y aquéllos que sí tienen posición férrea y de bloqueo han conseguido que veamos las debilidades políticas del Gobierno vasco. ELA, respecto de esta manera de hacer política, quiere dejar claro que marca nítidas distancias y que al debate mediático sobre presuntas diferencias estratégicas dentro del nacionalismo institucional no le puede reconocer -en función de los hechos- ninguna credibilidad, porque nada tiene que ver con las políticas reales que ese mismo Gobierno está haciendo. El resultado final, que es el que cuenta, es desalentador: el Gobierno Vasco, carente de pulso político y cambiando su posición en materia de Formación Continua, acepta convertirse en una administración descentralizada de Madrid para hacer aquello que allí se decida, procediendo para ello a cambiar las reglas de juego vascas. Para ELA eso es inaceptable.