Los acontecimientos políticos, en especial los graves, suelen arrancar lentos y experimentar luego una velocidad de vértigo, y el común de los ciudadanos se entera de que se han iniciado cuando ya están concluyendo. Algo así sucedió con la primera de las ilegalizaciones de partidos y, a tenor de lo que empiezo a leer, mucho me temo que vaya a repetirse.

Ayer el editorialista de «El País» se refería al último comunicado de ETA y lanzaba su advertencia-amenaza: «Las eventuales comprensiones que pudo haber durante la tregua hacia el sector ilegalizado de la izquierda abertzale han dejado de tener justificación alguna ahora. En ese sentido, sería bueno que las instancias competentes marquen claramente cuáles son sus límites para poner fuera de la ley a formaciones y movimientos vinculados a la banda». Más claro no puede hablar, pero lo intenta: «La Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior siguen acumulando datos sobre ANV, pantalla de Batasuna, cuya presencia en las elecciones está causando problemas para la normalidad política vasca». Lo dice, por boca de ganso, el mismísimo Zapatero.

«ABC» se apuntaba a la idea y exigía «cerrar filas en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica, aplicar la Ley de Partidos sin medias tintas, aunque ya sea tarde para ANV, y recuperar el consenso antiterrorista con el PP». O sea, más guerra.

Y no les iba a la zaga «El Correo Español», quien proclamaba que «la evidencia de que los simpatizantes de ANV han relevado a quienes reclamaban en nombre de Batasuna los escaños supuestamente usurpados por las fuerzas democráticas alimenta las razones para que el Gobierno sopese aplicar la ley con rigor sobre la nueva marca electoral abertzale».

Así las cosas, a nadie sorprenderá que «La Razón» dijera que la obligación del Gobierno español «pasa irremediablemente por la ilegalización inmediata de ANV y del Partido Comunista de las Tierras Vascas». E insiste: «el Gobierno socialista tiene una forma realmente eficaz para responder a las amenazas de ETA: ilegalizar de una vez por todas su brazo político, la máscara con que se presentó a las elecciones...». No se les puede negar que hablan claro. Luego dirán que el «clamor popular» les obligó a hacerlo.