Los hechos se remontan a noviembre de 2004, mes en el que la asociación naturalista Txipio-Bai, al comprobar que se estaban realizando obras de construcción en diferentes lugares del municipio de Plentzia, con el denominador común de que se trataba de suelo clasificado por las Normas Subsidiarias como no urbanizable.

En ese contexto, Txipio-Bai solicitó a los responsables del Ayuntamiento de Lemoiz copia de los expedientes administrativos de concesión de licencia de construcción que se estaban realizando en el citado suelo calificado como no urbanizable.

Algunos meses más tarde, concretamente en mayo de 2005, al no obtener ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento de Lemoiz, la asociación naturalista interpuso recurso contencioso-administrativo y en marzo de 2006 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo dictó sentencia por la que declaraba ilegal la negativa a facilitar la información solicitada, toda vez que condenó al Ayuntamiento a ceder la citada información a Txipio-Bai.

Ahora, el TSJPV «no sólo ha ratificado la ilegalidad de su denegación, así como la obligación de dárnosla -explicó ayer la asociación Txipio Bai mediante una nota de prensa- sino que además ha condenado al Ayuntamiento de Lemoiz al pago de las costas judiciales».

La sentencia dictada en este sentido por el TSJPV constituye la tercera en la que se condena al Ayuntamiento de Lemoiz por denegación de información. En todos los casos se refieren a actuaciones relacionadas con construcciones realizadas en suelo no urbanizable.

Tal y como adelantó ayer Txipio-Bai, «dado que pese al tiempo transcurrido, el Ayuntamiento de Lemoiz sigue sin facilitar esta información, en los próximos días la asociación naturalista Txipio-Bai solicitará al Tribunal la ejecución forzosa de la sentencia».

«Siempre el mismo alcalde»

Puntualiza, además, «que todas las denegaciones de información en el tiempo se refieren al mismo alcalde, quien `olvida' su deber de transparencia pública, por lo que la asociación requerirá expresamente al señor Pedro Botejara, alcalde de Lemoiz, para que sea él, personalmente, y no las arcas municipales, quien responda del pago de las costas judiciales».

Subraya Txipio-Bai que «los comportamientos ilegales y `caciquiles' no pueden, después, diluir su responsabilidad en el dinero público. Él ha tenido siempre el comportamiento ilegal, pues que pague él», añaden.