Alrededor de 10.000 campesinos e indígenas participaron ayer en Sucre en la Cumbre Social a favor de la Asamblea Constituyente, contra la que la derecha ha convocado numerosos actos de protesta. Precisamente, debido a los enfrentamientos registrados en los últimos 25 días, el foro para elaborar la nueva Carta Magna quedó oficialmente cerrado el viernes por un mes.

En un mensaje publicado en la prensa boliviana, la presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, subrayó que esta «breve pausa» debe ser entendida como «un gesto de paz, diálogo y unidad» para que La Paz y Sucre encuentren soluciones al conflicto sobre la capitalidad del país. En este sentido, dijo no tener dudas del éxito de esta Cumbre Social, que definió como «una gran celebración democrática que profundizará el compromiso de refundación de un país unido».

Tras la guerra de 1899, La Paz se convirtió en la «sede del Gobierno» con los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En Sucre, está el Poder Judicial y, temporalmente, la Asamblea Constituyente, a la que reclaman que reponga en su agenda de debate dónde debe estar la capitalidad de Bolivia.

El sábado, un tribunal de la Corte de Chuquisaca anuló la resolución con la que, el pasado 15 de agosto, la Asamblea optó por no debatir la propuesta de Sucre para volver a ser sede de los poderes estatales.

A este respecto, la directiva de la Asamblea Constituyente subrayó que «ninguna institución externa puede decirnos si tocamos éste o u otro tema». Su vicepresidente, Roberto Aguilar, tildó esta decisión judicial de «prevaricación flagrante». Al igual que Silvia Lazarte, Aguilar sostuvo que «la pausa de un mes debe servir para buscar concertación, no sólo en el tema de la capital, sino también en otros conflictos para que no sea un tiempo perdido».

Respuesta a los obispos

La mesa directiva del foro ha tenido que hacer frente a innumerables obstáculos en estos trece meses. Uno de ellos es la ausencia de delegados del mayor partido de la oposición, el Poder Democrático y Social, y las declaraciones «apocalípticas» de ciertos sectores.

Sin ir más lejos, la pasada semana obispos católicos consideraron que «la situación general del país y los acontecimientos de las últimas horas muestran una creciente escalada de confrontación y violencia».

«Está en juego la convivencia y el proceso democrático. Lecciones aprendidas de nuestra reciente historia advierten que no podemos dejar que las cosas lleguen a un punto de descontrol», declararon.

En respuesta a los prelados, la presidenta de la Asamblea incidió en que «a aquellos que repiten, como profetas del Apocalipsis, que los bolivianos nos dirigimos inevitablemente hacia un enfrentamiento civil, debemos gritarles, con firmeza que han fracasado»,

Por su parte, la alcaldesa de Sucre, Aidee Nava, que ha encabezado muchas de las movilizaciones, pidió a la gente que «se mantenga en sus casas».