El informe de la Ponencia del Parlamento de Gasteiz redactado en 2000 recogía la existencia de 339 víctimas -en la actualidad esa cifra se elevaría ya a 350- que no corresponderían con acciones de ETA y en el que se agrupaba a los militantes de la organización armada muertos en enfrentamientos armados o por explosión de los artefactos que pretendían colocar, ciudadanos muertos por actuaciones policiales y parapoliciales, accidentes de familiares de presos y refugiados fallecidos en el exilio.

Sin embargo, según confirmó ayer el portavoz de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Txema Urkijo, los muertos en acciones policiales y torturados por las FSE quedarían fuera del informe que está elaborando en la actualidad el Ejecutivo de Lakua. Urkijo señaló que llevan trabajando varios meses y que pretenden «recoger con rigor» la información sobre las víctimas de la violencia de grupos de extrema derecha y fuerzas parapoliciales como los GAL, Triple A y el Batallón Vasco Español. Pero especificó en las declaraciones realizadas a la agencia EFE que los colectivos afectados por «otros tipo de violencia, legítima o no, como las actuaciones, e incluso, excesos, policiales» quedarán fuera.

Se quedan fuera «por ley»

El argumento utilizado para justificar esta exclusión sería que la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo considera víctimas a aquellas que han sufrido «actos de terrorismo o hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana».

En este sentido, la nueva iniciativa promovida por el Gobierno de Ibarretxe y que se encuentra todavía en tramitación, hace referencia expresa a las víctimas de los GAL y de los grupos de extrema derecha, pero tampoco tendría en cuenta a las víctimas de la violencia policial.

Según se recoge en el libro «Un mapa (inacabado) del sufrimiento» del periodista de GARA Sabino Ormazabal, al margen de los militantes de ETA muertos en enfrentamientos (76) y de los ciudadanos fallecidos en manifestaciones (34), las FSE han matado a 42 civiles, 20 de ellos en controles, y el resto por disparos de policías de servicio o en altercados en lugares públicos.

Asimismo, se debería de contabilizar la muerte de 19 personas en la cárcel o como fruto de su paso por prisión, sin olvidar que cuatro ciudadanos vascos han muerto en dependencias policiales mientras se les aplicaba la legislación antiterrorista y otros ocho poco después de haber pasado por comisaría, durante registros o en su detención. Al mismo tiempo, habría que añadir que el Parlamento de Gasteiz estimó en 6.000 -más de 7.000 según Torturaren Aurkako Taldea- las personas torturadas, y en unas 25.000 las que han sufrido directamente la represión policial.

El portavoz de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo explicó que el objetivo de este informe es «poner de manifiesto una realidad existente» provocada por «un terrorismo afortunadamente pasado», pero que dejó víctimas «para el presente». Urkijo, en cambio, eludió valorar a cuántas personas podría referirse este estudio, y recalcó que desde la Oficina de Atención a las Víctimas se quiere «detectar» si existen entre este colectivo afectados a los que no se les han reconocido los derechos como víctimas del terrorismo.

Al respecto, habría que recordar que en el «acto institucional de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo» realizado el pasado mes de abril en el palacio Euskalduna, Lakua ignoró deliberadamente a 77 personas que figuran en sus propios archivos y que fallecieron a consecuencia de atentados parapoliciales. El homenaje promovido por el Ejecutivo autonómico se limitó a las víctimas de acciones de ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas, excluyendo deliberadamente a las víctimas de la extrema derecha, de «incontrolados», del BVE, de la Triple A, del Grupo Anti ETA y de los GAL.

Y es que según pudo comprobar en su día GARA, ningún representante de la organización del acto se puso en contacto con ellos y trascendió públicamente que la directora de atención a las víctimas, Marixabel Lasa, tan sólo invitó al homenaje a Laura Martín, viuda de Juan Carlos García Goena, que rechazó sumarse al mismo al conocer que fue convocada por haber mostrado «su empatía con las víctimas de ETA». Martín es miembro de Covite y denunció en aquellas fechas que «sólo se acuerdan de ella en este tipo de ocasiones para plantarme como un florero».