El ex primer ministro francés Dominique de Villepin ha remitido una extensa carta a los magistrados del «caso Clearstream» en la que trata de devolver a Nicolas Sarkozy la responsabilidad de un escándalo que, según explica en una entrevista de prensa, «no tiene una dimensión política».

El ex primer ministro de Jacques Chirac ha sido imputado, en todo caso, por cuestiones relativas a la trama política que acompaña un escándalo de base financiera. En concreto se le acusa de actitud difamatoria y de complicidad en la utilización de la falsa documentación con la que se habría tratado de comprometer gravemente las posibilidades de Nicolas Sarkozy de aspirar a la candidatura de la derecha a la Presidencia de la República. Hasta la fecha sólo conocemos, por tanto, cuestiones relativas a la vertiente política del caso. ¿O no es una cuestión política que cargos públicos de la más alta responsabilidad utilicen a personal de los servicios secretos, a funcionarios bajo nómina del Estado, en batallas palaciegas? Pero claro, ése es sólo un apéndice del «caso Clearstream». A la espera de que concluya la investigación judicial, lo que sigue siendo una incógnita es si en este caso se dilucidará el papel que juegan entidades financieras en la ocultación de los fondos aportados por gobiernos o empresas a cambio de negocios como la venta de armas.