Tras haber sido juzgados en primera instancia en diciembre pasado, la Sala 10 de la Corte de Apelación especial de París condenó ayer a Unai Errea a cinco años de cárcel (cuatro de ellos exentos de cumplimiento) y a dos años (también exentos) a Itziar Larraz. Por decisión del mismo tribunal, los dos abogados no podrán ejercer su profesión en el Estado francés durante diez años el primero y durante cindo años la segunda.

Ninguno de los dos letrados que defienden presos políticos vascos tendrá que ingresar en prisión, puesto que Errea estuvo encarcelado preventivamente.

El fiscal pidió que se confirmara la primera condena, es decir, cuatro años de cárcel firme para Errea y otros tres para Larraz, y diez años de inhabilitación profesional para ambos, mientras que la defensa solicitaba la libre absolución.

Juicio conflictivo

Los dos letrados fueron acusados de haber hecho llegar documentación ajena a la labor de la defensa a varios presos vascos con lo que fueron juzgados a principios de diciembre de 2006. El juicio fue bastante conflictivo ya que Errea y Larraz pidieron la recusación del tribunal por considerarlo parcial y, además, se produjeron bastantes incidentes durante el mismo por la actitud agresiva del presidente del tribunal, Philippe Vandingenen.

Dos semanas más tarde, el 20 de diciembre, los dos abogados fueron condenados y detenidos en la misma sala nada más conocerse la sentencia, desde donde fueron trasladados directamente a la prisión de Fleury-Mérogis, donde permanecieron un mes. La sentencia fue recurrida y la vista de la misma se celebró en junio.

En declaraciones realizadas ayer a la salida del tribunal, Unai Errea manifestó que «el Estado francés ha conseguido lo que quería, es decir, impedir nuestro derecho a defender a los presos políticos vascos». El letrado añadió que la sentencia es «un atentado a esos presos» y que «se incrimina» la actividad de la defensa.

También Askatasuna ha denunciado el carácter «político» de la decisión judicial, asegurando que «desde el principio, el objetivo ha sido obstaculizar la defensa de los presos políticos vascos a través de la criminalización de sus abogados».

En la misma línea, la asociación de abogados Eskubideak ha manifestado la misma opinión respecto a la finalidad de la sentencia, subrayando que el trabajo de denuncia que han realizado con juristas europeos «ha evidenciado la falta de lógica jurídica de este proceso».