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500 mujeres maltratadas y 100 niños viven en 60 pisos de acogida en la CAV

Quinientas mujeres y un centenar de niños residen actualmente en pisos de acogida habilitados en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para cubrir las necesidades de las mujeres que se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de los maltratos.

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Alrededor de medio millar de mujeres y un centenar de niños -hijos de las primeras- residen habitualmente en alguno de los sesenta pisos de acogida (veinte por cada territorio de la Comunidad Autónoma Vasca) destinados a las mujeres que se ven obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de una situación de maltrato, así como a las personas que dependen de ellas (hijos y personas dependientes).

Estos datos fueron facilitados ayer por el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, y la directora de Bienestar Social, Carmen Vicioso, en la presentación del proyecto de decreto regulador de los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, cuyo objetivo es unificar todos los recursos con que cuentan estas personas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, con el fin de «regular las condiciones mínimas de calidad y funcionamiento» de los mismos.

Los mencionados responsables institucionales informaron de que, tras la implantación de este nuevo decreto, el número de recursos no variará mucho, ni tampoco la capacidad de los mismos, ya que, por ejemplo, en la actualidad la mayoría de los pisos cuenta con cinco plazas, que «es a lo que se aspira».

Entorno seguro

En palabras de los responsables de los servicios sociales, los pisos se acogida de mujeres maltratadas «pretenden ofrecer a estas personas la posibilidad de disponer, en un entorno seguro, del tiempo y de los apoyos adecuados»; «promover su autonomía personal para hacer frente de forma adecuada a su situación, ofreciéndoles el asesoramiento, la información y el acompañamiento necesarios; y facilitar el acompañamiento y la protección social».

CONFIDENCIALIDAD

Uno de los objetivos de los pisos de acogida es «garantizar la seguridad física y psíquica de las personas atendidas, a través de la confidencialidad de su ubicación».

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