El nuevo titular del Departamento de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa, Peio González, anunció ayer en las Juntas Generales que ha ordenado que se investiguen un total de 150 expedientes, correspondientes a los años 1991-2001, en los que hay indicios «más que razonables» de posibles irregularidades.

Precisó que ha dado esa orden, pese a ser consciente de que la revisión de los nuevos documentos pueden retrasar la conclusión del sumario, pues considera que «es mejor» que éste «sea lo más completo posible, despeje las dudas que pueda haber y sea un fiel reflejo de lo que un día pudo pasar».

En una comparecencia ante la Comisión de Hacienda, González destacó que quiere «recuperar la confianza perdida» en su departamento que, según dijo, «han puesto en entredicho unos desalmados».

Insistió en que el área foral de Hacienda y Finanzas tienen la intención de ser «proactivo y no un ente pasivo de la investigación», por lo que en vez de «esperar resultados» va a trabajar para «ayudar a conseguirlos».

Resaltó que su departamento estará a disposición de la juez que instruye el caso y de la Fiscalía «para aportar cuanto de luz podamos para el total esclarecimiento de los hechos».

González señaló que van a recoger «todas y cada una de las pruebas para que se pueda condenar a los culpables» y exigir la devolución de «todo el dinero bien defraudado o bien robado en la Hacienda de Irun». Recalcó que el autor o autores del fraude «deberán pagarlo con todas las medidas que la ley prevea».

«Hay que aplicar la tolerancia cero con este tipo de cuestiones, tenemos que tener pronunciamiento claro al respecto», dijo.