La Asamblea General de la ONU aprobó ayer, tras dos décadas de negociaciones, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que agrupan a más de 370 millones de personas en los cinco continentes. El texto fue ratificado por 143 votos, 11 abstenciones y cuatro votos en contra, los de EEUU, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La Declaración establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación.

Autodeterminación

Australia se opuso el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. «No podemos respaldar un texto que pone en peligro la integridad territorial de un país democrático», expuso el embajador de Australia ante la ONU, Robert Hill.

Canadá, por su parte, aseguró que el documento no se adecúa a su legislación en materias como la propiedad de tierras, su explotación o su uso por parte del Ejército.

El ministro de Exteriores de Bolivia, David Choquehuanca, denunció el voto negativo de EEUU y mostro su sorpresa por la abstención de, entre otros países, Colombia, el único estado iberoamericano que no votó a favor de la declaración «Espero que recapaciten. Este es un instrumento que nos permite luchar contra la discriminación y el racismo», valoró, para comparar este documento con la Declaración de los Derechos Humanos.

Tras su primera presentación en 1982 ante la entonces Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, Occidente ha liderado el boicot a su aprobación, interpretado por los indígenas como un intento de proteger los intereses de las grandes empresas de estos países en las explotaciones económicas de sus tierras ancestrales.