Markel Olano, actual diputado general de Gipuzkoa, tiene «sólo» una secretaria (no así su antecesor, Joxe Joan González de Txabarri, que disponía de dos). El líder jelkide ha reconvertido a su segundo asistente personal y también al secretario de su gabinete en técnicos de nivel 24 (que cobran 57.000 euros anuales). Pero, además, el teniente del diputado general tiene tres asesores a su disposición, y cada uno del resto de los diputados otros dos, algunos de los cuales llegan a cobrar 72.000 euros al año.

Este es sólo el encabezamiento de una larga lista de puestos de designación política que durante esta legislatura engrosarán la nómina de los «elegidos» en la Diputación guipuzcoana. Entre directores generales, técnicos superiores, asesores y secretarios (la mayor parte, hombres) de diferente categoría suman 79 cargos, 48 de ellos designados por el PNV y los 31 restantes por Eusko Alkartasuna.

Los elevados honorarios de estos empleados, sumados a los no menos onerosos sueldos de los diputados y diputadas, y las generosas indemnizaciones que tanto estos últimos como los directores generales se embolsan tras cubrir sus cuatro años de mandato, suponen un montante millonario que soportan, no sin dolor, las arcas forales con cargo a los presupuestos familiares de los guipuzcoanos.

Según un estudio realizado por el sindicato LAB, el mantenimiento de esta estructura de contratos de índole política supone a la Hacienda foral un desembolso anual de 5.123.293 euros, cantidad a la que hay que sumarle los costes de la Seguridad Social, de la mutualidad de empleados (Elkarkidetza), del Servicio de Asistencia Sanitaria (SASFAL) y de «otros gastos extra como el parque móvil, las comidas diarias en Gure-Txoko, más de 150 periódicos, teléfonos móviles, tarjeta Visa Oro...».

Esta cifra tampoco contiene la nada despreciable cantidad que supondrá el incremento salarial, que Eudel ha fijado -a modo de recomendación- en un 5% para los cargos públicos (no para el personal asalariado) y que ya se está aplicando en algunas instituciones locales vascas.

El desglose de la escala salarial de los cargos de carácter político en la Diputación mantiene en la cabeza al diputado general, que se acerca a los 100.000 euros anuales (97.861). Los diputados forales perciben 82.877 euros, los directores generales 74.369, los asesores de máximo nivel alcanzan los 72.616 y los técnicos superiores 57.664. La lista acaba con los secretarios de nivel 12, los que menos cobran, con 33.597 euros anuales.

«Y, mientras tanto -subraya LAB- las trabajadoras subcontratadas de la limpieza (aquí no existe ningún cargo público) intentan que la Diputación mejore sus condiciones de contratación para alcanzar el sueldo correspondiente al nivel 5 de la Administración (18.938 euros anuales)».

No se van de vacío

Pero el dispendio no termina con el final de la legislatura. Cuando se cierra el ciclo cuatrienal del mandato, el cese de sus cargos y obligaciones reporta al diputado general, diputados ordinarios y directores generales una nada tacaña indemnización. Joxe Joan González de Txabarri cobra actualmente, además de su sueldo como presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, 6.524 euros mensuales en concepto de indemnización como ex diputado general, según datos facilitados por LAB.

Y aunque no todos tienen exactamente el mismo talante -el diputado de agricultura en la anterior legislatura, Rafael Uribarren, ha renunciado a percibir los 5.525 euros mensuales extra que según la norma le corresponderían a pesar de repetir en el cargo y seguir cobrando por ello su habitual sueldo-, el comité de empresa de la Diputación (formado por LAB, ELA, CCOO y Bazkuna) reclamó ayer a los responsables de Presidencia la derogación del articulado que desarrolla la percepción de estas indemnizaciones. Una reclamación que, al menos de momento, no ha sido recibida con demasiado entusiasmo por quienes, al fin y al cabo, son los futuros beneficiados.