El proyecto de ley que va a impulsar el Gobierno español contempla que los jóvenes de entre 22 y 30 años que trabajen y ganen menos de 22.000 euros brutos anuales podrán acceder a partir del 1 de enero de 2008 a una ayuda de 210 euros al mes durante un máximo de cuatro años para pagar el alquiler, que además disfrutará de una deducción fiscal del 10,05%.

La ayuda directa estará destinada no sólo a quienes busquen independizarse, sino también a quienes ya vivan de alquiler, aunque en el caso de los primeros esa subvención estará acompañada por un préstamo de 600 euros para pagar la fianza y por un aval de seis meses.

Desde el sector al que va dirigido el plan, el Consejo de la Juventud de Euskadi manifestó que no va a resolver el problema del acceso de los jóvenes a la vivienda ya que estas medidas «no se plantean actuar sobre las causas del problema, la mercantilización de un derecho, sino que pretenden poner un parche, pequeño y de mala calidad, sobre sus consecuencias». Las subvenciones, en su opinión, son «regresivas a nivel social ya que discriminan los distintos niveles de renta de las personas que las van a recibir» y «van a ser contraproducentes».

Esta propuesta, según los gobiernos de Gasteiz e Iruñea, no es aplicable en Hego Euskal Herria por su «marco competencial y tributario propio». Las dos administraciones responden además alabando unas políticas cuestionadas por organismos sociales, sindicales y partidos. Por ejemplo, Elkartzen, el colectivo que lucha por el reconocimiento de los derechos sociales básicos para todas las personas de Euskal Herria, ha venido calificando anuncios como el de Zapatero o los de las administraciones autonómicas como «poses electoralistas». Además, subrayan que muchas de estas políticas «hay que verlas para creerlas, porque en otras ocasiones Lakua e Iruñea han anunciado planes y medidas que no se han llevado a cabo».

Este organismo reivindica la utilización de las viviendas vacías, promover nuevas edificaciones tan sólo en casos «estrictamente necesarios», impulsar los alquileres estableciendo los poderes públicos los precios y garantizar el derecho a la vivienda «sin dejarlo al capricho del azar, porque los derechos no se sortean». En su reciente análisis del borrador de la Ley de Vivienda de Lakua, Elkartzen criticaba que el proyecto se centra en la compra-venta en vez de en el arrendamiento, como reclama una buena parte de la ciudadanía.

Entre los pronunciamientos institucionales al anuncio de Rodríguez Zapatero, el consejero navarro de Vivienda, Carlos Esparza, confirmó ayer que el Ejecutivo de Miguel Sanz «no aplicará» las medidas propuestas por el Gobierno español al considerarlas de «dudosa eficacia» y «electoralistas». Esparza afirmó que darle a un joven 210 euros al mes y decirle «te buscas la vida» resulta «lo más fácil, pero no ataca la raíz del problema» y además puede provocar un encarecimiento de los arrendamientos al considerar los propietarios que ha crecido la renta de los demandantes.

Un sistema «intocable»

Entre las actuaciones que van a acometer, el consejero de CDN adelantó un aumento de la inspección sobre las viviendas protegidas y la posibilidad de sustituir el incremento de la contribución que se aplica a los pisos libres desocupados por un sistema que «grave la capacidad de producir renta» de esa vivienda vacía, algo que aventuró que puede tener «un efecto de envergadura». Esparza avanzó que el Gobierno se va a «replantear todo el sistema» de alquiler público de viviendas para evitar medidas que puedan distorsionar el mercado o no den respuesta a lo que realmente demandan los ciudadanos, y al mismo tiempo favorecer un aumento de la oferta.

Una ley de 2002 estableció la obligación gubernamental de reservar suelo para un parque público en Nafarroa. En la actualidad, sin embargo, éste es de apenas 2.500 viviendas, de las que cerca de la mitad tienen derecho a ayudas. El alquiler social no supone ni el 10% de la vivienda que el Ejecutivo Sanz viene promoviendo en los últimos años, de modo que en los últimos dos años y medio se han calificado 446 pisos para el arrendamiento.

Desde el Ejecutivo de Gasteiz, el viceconsejero de Vivienda, Javier Burón, consideró las medidas del Gobierno español «bienintenciadas», aunque estimó que pueden ser «contraproducentes», especialmente al contribuir a «aumentar el precio de la vivienda». Lakua apuesta por la promoción del alquiler a través del programa de interme- diación Bizigune, de modo que el propietario pone el piso a disposición de la sociedad pública Visesa a cambio de una renta mensual a precio de mercado.

El inquilino paga un alquiler proporcional a sus ingresos y la diferencia con la renta que va a manos del propietario la cubre el Gobierno. Esta bolsa pública también existe en Nafarroa, a través de la sociedad Vinsa, aunque no ha tenido éxito. Elkartzen rechaza estos programas, «ya que se produce un trasvase de dinero de manos privadas, además de cronificar la especulación a costa de la vivienda vacía existente».

El rechazo de Lakua a los planes del Gabinete español llevó ayer al portavoz del PSE en la Cámara de Gasteiz, José Antonio Pastor, a acusar al consejero de Vivienda, Javier Madrazo, de «excusarse en las competencias» y «no hacer nada». Esta última reflexión la efectúa también Batasuna aunque con un matiz radicalmente distinto, al extender su acusación a la política «neoliberal» de PSOE, PNV y UPN de hacer negocio con un derecho y, además, tratar de «manipular» a la opinión pública en vísperas de las elecciones al Parlamento español.