Plan de reformas
Mayor movilidad y mérito, bases del plan de Sarkozy para los funcionarios
Con los primeros anuncios de movilizaciones contra los pilares del «nuevo contrato social» -reforma de las pensiones, de los contratos y de las 35 horas-, Sarkozy plantea ahora una «revolución cultural» a los funcionarios basada en la movilidad y en las remuneraciones al mérito.
GARA | NANTES
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, continuó ayer desgranando su programa de reformas y propuso a los más de cinco millones de funcionarios del Estado francés -casi la quinta parte de la población activa-, un «nuevo pacto», una «revolución cultural» para «refundar» las administraciones públicas.
La propuesta, que desveló en un discurso en Nantes ante alumnos del Instituto regional de la Administración, abarcan desde los salarios, horas extraordinarias y concursos de acceso, hasta la movilidad y evaluación del trabajo, pasando por el estatuto de los funcionarios y la representación sindical. «Deseo una administración pública menos numerosa pero funcionarios mejor pagados», afirmó Sarkozy, al reafirmar su objetivo de reemplazar a sólo uno de cada dos funcionarios que se jubilen durante su mandato.
Tras señalar que lo cumplirá porque «no hay otro medio para mejorar el poder adquisitivo de los funcionarios y recuperar márgenes financieros que permitan al Estado dejar de vivir a crédito», dijo.
«Pacto Servicio Público»
Para el año próximo, el Gobierno proyecta no reemplazar a 22.700 funcionarios que se jubilan, la mayor supresión de puestos en seis años, aunque inferior a la regla de no reemplazar a uno de cada dos.
Sarkozy describió un Estado «que funciona mal», «tentacular», «impecune e impotente» y trazó los ejes de lo que llamó un «pacto Servicio Público 2012» articulado en torno a «un mejor servicio público al mejor coste para los ciudadanos, y reglas de gestión incitantes y equitativas para los funcionarios».
Se pronunció por «la individualización de las remuneraciones» para tener en cuenta «el mérito, la implicación, la experiencia, los resultados» y la posibilidad para «todos de hacer horas extraordinarias y de recom- prar las acumuladas en las cuentas de ahorro-tiempo» o hacerlas valer para la pensión complementaria.
Para mejorar la movilidad, abogó porque se dé a los funcionarios la posibilidad de dejar la función pública a cambio de una indemnización.
Consciente de los recelos de los sindicatos de funcionarios, prometió que las propuestas lanzadas son temas de «negociación y concertación», aunque desea acabar con la composición «estrictamente paritaria de las instancias de diálogo social en la función pública».
Para finales de año
Materializar las reformas plantedas la víspera es una de las prioridades del ministro de Trabajo Xavier Bertrand, quien inició ayer los contactos con los interlocutores sociales.
Bertrand explicó en una entrevista a la cadena de televisión I-télé que «esta reforma hay que poder llevarla a cabo para finales de año», con lo que hay «tres meses y medio, lo que deja tiempo para el diálogo».
Las medidas lanzadas por Sakozy cuentan ya con el rechazo de sindicatos y de formaciones de izquierda. Nueve partidos políticos reunidos en el «Colectivo respuesta», creado en 2006 en contra del contrato CPE, han convocado una manifestación para el próximo día 29.
«Se trata de una primera reacción de respuesta común», indicaron portavoces de las formaciones antes de precisar que volverán a reunirse mañana para «poner a punto una serie de iniciativas para ir más lejos».
En el primer encuentro celebrado después de que Sarkozy desgranara su reforma de las pensiones, el mercado laboral y la sanidad, acordaron un texto en el que afirman que «la población se enfrenta a la más extensa ofensiva contra lo social de estos cincuenta últimos años».
Nueve formaciones de izquierda reunidas en el Colectivo Respuesta -creado en 2006 en contra del contrato CPE- han convocado una manifestación para el próximo día 29.
Fiscales franceses han abierto una investigación preliminar sobre
las condiciones en las que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, compró en 1997 un apartamento en Neuilly-sur-Seine, en París, cuando era alcalde de esta localidad.
Según la Constitución francesa, Sarkozy no puede ser procesado mientras sea presidente. Su mandato terminará en 2012, y podría presentarse a la reelección.
Un juez rechazó el pasado abril una demanda en relación a este caso, pero los fiscales han decidido reabrir la investigación, indicaron las fuentes citadas que no quisieron romper su anonimato. La información fue adelantada por el semanario satírico 'Le Canard Enchaine', la misma publicación que durante la campaña presidencial aseguró que Sarkozy y su esposa, Cecilia, compraron en 1997 un apartamento duplex con seis dormitorios en Neuilly beneficiándose de un descuento considerable, que podría ser de hasta 300.000 euros.
«El fiscal de Nanterre tiene el expediente en su oficina» y «aún no ha tomado una decisión», indicaron las mismas fuentes.
El portavoz del Elíseo, David Martinon, indicó que la Presidencia no tenía «ningún comentario» que hacer sobre la apertura de la investigación preliminar a preguntas de la agencia AFP.