Ola sumisión y servicio al estado policial y autoritario. El español no es un estado democrático y de derecho. Está empeñado en afrontar el tema vasco-navarro desde una perspectiva autoritaria. Y el PNV participa de este esquema. Hay una íntima relación entre ambos (PNV-estado), dándose incluso una confluencia de proyectos e intereses

Nos estamos acostumbrando a ver y soportar actuaciones policiales fuera de todo margen democrático, como las escenas que vivimos ante los restos de Lasa y Zabala en las que golpearon a sus familiares; golpeando sin contemplación a los padres de Oihana Errazkin... Las actuaciones represivas de la Ertzaintza, de restricción y limitación del ejercicio de derechos y libertades son sistemáticas porque son consustanciales al ese cuerpo, a su definición, función y desarrollo.

Derecho fundamental. El derecho de reunión o manifestación es un derecho fundamental en cualquier estado democrático y de derecho. Eso lo dice también la Constitución Española. Como tal, no puede ser restringido o prohibido salvo excepciones.

La policía ante una manifestación no comunicada o que, siendo así, se crea ilícita, debe hacer un atestado y remitirlo al juez, motu proprio o por orden del mismo, quien dictaminará si existe responsabilidad penal o no. Siendo nuestro el derecho, el ejercicio de manifestarse se comunica a las autoridades, a fin de que no se perturbe la libertad de los demás ciudadanos.

Ocurre todo lo contrario. Los derechos y libertades, los de expresión, reunión o manifestación en concreto, sufren una constante restricción que impide su ejercicio. Incluso sin declarar oficialmente el estado de excepción, los vascos-navarros lo vivimos permanentemente de facto.

Intervención policial y judicial. Hay una intervención policial y además judicial constante en la vida política. La primera autoritaria y fascista. Ambas totalmente excepcionales. Se utiliza la policía y el aparato judicial para impedir el debate democrático e imponer el status quo. La policía carga, dispara, apalea, golpea e insulta sistemáticamente a los ciudadanos que se manifiestan. Lo han hecho incluso en actos escrupulosamente acordes a la ley, ya de por sí restrictiva. ¿De qué sirve comunicar un acto o manifestación si va a ser automáticamente perseguida? ¿Quién o qué da poder o legitimidad a la Policía para actuar así? ¿Quiénes son los responsables? ¿No hay delito, ni investigación judicial?

PNV. Existe una intencionalidad clara en muchas de las actuaciones, como se ha venido denunciando. Impulso político claro de actuar de ese modo en un momento concreto. Decisiones políticas muy graves que suponen un uso de la violencia con fines políticos predeterminados.

Domingo de regatas, 9 de septiembre de 2007. El fin justificó los medios: reivindicarse como interlocución privilegiada ante el Estado y ofrecer su colaboración para asegurarse de que nada cambie. Y esto tras un nuevo intento de afrontar el conflicto político en clave democrática. Todos los esfuerzos del PNV han ido dirigidos a que no se llegara a un acuerdo político entre las fuerzas políticas vascas. ¿No impedir, no imponer? El PNV, junto con el PSOE, ha impedido un acuerdo, ha impuesto el status quo. Pero han fracasado en un nuevo fraude político. Imaz se retira, pero seguirá sirviendo al estado y no a la sociedad como dice. Se agradece la sinceridad del EBB al refrendar su línea política por unanimidad, incapaz de desprenderse del tutelaje español.

En ese contexto, alguien decidió la detención de Olano, incluso antes de la carga e, insisto, no un juez. ¿En qué reunión del EBB se ha decidido la carga? ¿Y la detención de Olano?

Garzón. A posteriori interviene Garzón, no antes. Es probable que los hechos descritos provocaran su intervención. Dicta un auto en el que le imputa un delito de integración en organización terrorista por trece actos políticos y otras tantas ruedas de prensa. Le imputa otro delito de «provocación a cometer delitos de terrorismo». Resulta muy grave: por la primera imputación está procesado en el sumario 33/01 (Gestoras-Askatasuna), a espera de juicio, y por la segunda no debió apreciar nada de eso el juez de Donostia que lo dejó en libertad. ¿Qué ha hecho Olano en los últimos 25 años sino defender los derechos de los presos?

¿Por qué nuevas diligencias contra Askatasuna? Además de su constante trabajo por mostrar la realidad represiva de nuestro pueblo, seguramente por la denuncia de la represión que ha ejercido y promovido el Gobierno español durante el proceso de negociación último, que ha puesto a las claras la verdadera actitud con la que han afrontado el proceso el PSOE y el PNV, incumpliendo los acuerdos adoptados con ETA el primero y utilizando la represión para intentar rebajar los contenidos propuestos por la Izquierda Abertzale y evitar un acuerdo ambos.

Otras consideraciones. Resulta bochornoso ver a la clase política, dar su apoyo incondicional a la Policía, haga lo que haga. Se retratan a ellos mismos. ¿Al servicio de quién está la Policía? ¿De la sociedad o del Estado? Y preocupante que no haya reacción social y política eficaz suficiente para parar este atropello. Hechos que deberían provocar la exigencia de dimisión de Balza e Ibarretxe y de todo el equipo de su Gobierno; exigencia de apertura de diligencias judiciales y persecución de los responsables directos y sus superiores, y finalmente exigencia de disolución de la Ertzaintza, llamando al abandono del cuerpo a los ertzainas opuestos a esta línea y marginando socialmente al resto.

Por alarmante que sea, lo grave sería que esta realidad se asumiera. No ay que negarse a aceptarlo. Estuve en el Boulevard con mi hija, como siempre. Estaremos en las siguientes sosteniendo la pancarta proscrita: «Larriki gaixorik daudenak eta zigorra beteta duten presoak askatu!». Amnistiaren bidean, euskal presoak Euskal Herrira!