Permach denuncia a los que avalan la «política criminal» de la patronal
El representante de la izquierda abertzale Joseba Permach acusó ayer a PSOE, PNV y UPN de dar cobertura a la «política criminal» de la patronal ante el imparable aumento de trabajadores muertos en accidentes laborales. A su vez, exigió a las formaciones gobernantes la toma urgente de medidas para poner fin a este incesante goteo de muertes y que garanticen la vida de los trabajadores.
J.M. URIBARRI |
«De nuevo otra muerte, esta vez el de una trabajadora en Lasarte, seis trabajadores heridos en Barakaldo y otro en Zaldibar. El día de ayer podría catalogarse de especial si no ocurriera prácicamente todos los días o todas las semanas, pero desgraciadamente no es noticia de un día, porque la cruda realidad se repite todas las semanas. En lo que va de año son 86 las personas muertas en accidentes laborales. Prácticamente cada dos días muere un trabajador a consecuencia de un accidente laboral», indicó ayer Joseba Permach al referirse a la muerte el martes de A.A.P, de 34 años, en una rueda de prensa en Donostia.
La izquierda abertzale volvió ayer a posicionarse frente la imparable goteo de muertes en accidentes laborales. Siniestros que no son «ninguna casualidad» y responden a una determinada política, a unas decisiones y son consecuencia de las condiciones de trabajo.
«Detrás de estas muertes hay responsables, Tenemos que decir muy claro que el principal responsable de estas muertes es la patronal, que no tiene ningún complejo en primar los beneficiones económicos a cualquier precio, por encima de las condiciones para hacer frente a la precariedad y a la siniestralidad laboral. Pero también tenemos que denunciar que en este país existen formaciones políticas que tienen una responsabilidad política e institucional, que están gobernando las instituciones en Gasteiz e Iruñea, PNV y UPN, y un PSOE que da cobertura permanentemente a esa política desde Madrid», afirmó el dirigente abertzale.
Permach acusó a estos partidos de «mirar a otro lado», y de contemplar los accidentes laborales como si se tratarán de una «casualidad». Partidos que, en opinión de la izquiera abertzale, «no toman las medidas necesarias para acabar con la política criminal que lleva la patronal. Tenemos que denunciar que tanto el Gobierno del PSOE en Madrid como las sucursales de UPN y del PNV no hacen otra cosa que primar los intereses económicos de la clase empresarial en detrimento de los intereses de la clase trabajadora, de los hombres y mujeres de Euskal Herria que trabajan y pierden la vida, precisamente en esos centros de trabajo porque las condiciones laborales dejan mucho que desear», añadió.
Permach afirmó que estos partidos «hablan constantemente de la violencia y del derecho a la vida, pero tendríamos que recordarles que en este país cada dos días muere un trabajador y que ellos tienen una responsabilidad política e institucional directa para darle la vuelta a una situación así y, por supuesto, para acabar con la política empresarial».
El representante abertzale también criticó la «ineficacia» de las administraciónes para cambiar esta cruda realidad, y les emplazó a explicar qué «están dispuestas a hacer para acabar con los accidentes de trabajo y garantizar el derecho a la vida de los trabajadores» más allá de «los discursos y las jornadas que sobre el tema organizan».
La izquierda abertzale llamó a la ciudadanía a tomar conciencia sobre esta cuestión y a participar en las movilizaciones que convoquen los sindicatos para denunciar la siniestralidad.
En Lasarte se celebrará hoy a partir de las 19.00 una concentración para denunciar la muerte el martes de A.A.P.
Los Ministerios españoles de Interior y Trabajo, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial firmaron ayer un protocolo marco que contempla, entre otras actuaciones, la pena de cárcel por imprudencia profesional.
Los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Trabajo, Jesús Caldera, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido firmaron el acuerdo al que se adherieron los sindicatos CCOO y UGT, mientras que la CEOE se desmarcó del acuerdo firmado.
Fuentes de la patronal explicaron que la CEOE está «prácticamente de acuerdo con la totalidad del protocolo» y ha estado en todas las reuniones previas a la firma, aunque difiere con una cláusula que «concede un plus de acción sindical» y permite a los sindicatos personarse en los procesos judiciales.
El acuerdo establece tres protocolos de actuación: en el caso de accidentes con resultado de muerte o lesiones graves o muy graves; en la indagación de los delitos de riesgo y en la ejecución de las sentencias condenatorias.
Caldera dijo que la situación en términos objetivos está «mejorando» y que desde 2006 el índice de siniestralidad ha caído un 5,3%, «el nivel más bajo en 21 años».
Conde-Pumpido se refirió a determinados delincuentes que «haciéndose pasar por empresarios» buscan lucro a costa de la vida de los trabajadores y «ahorran» en seguridad para abaratar lo costes de su negocio.
El fiscal general del Estado también indicó que no se trata de «perseguir en absoluto» a los empresarios honrados, sino a «delincuentes que se hacen pasar por empresarios».
UGT pidió al Gobierno de Lakua que adopte «medidas urgentes» en materia de seguridad y salud laboral para reducir de «manera drástica el alto número de accidentes laborales mortales registrados» en la CAV. La responsable de Salud Laboral, Pilar Collantes, advirtió del «notable incremento» de la siniestralidad, ya que, según UGT, durante 2007 han fallecido doce personas más que en el mismo período de 2006, lo que supone un incremento del 23%. Esto evidencia «el fracaso» de la política de Lakua, y exigió la puesta en práctica del Plan Estratégico de Seguridad y Salud Laboral (2007-2010), diseñado por la Consejería de Trabajo.