Varios contribuyentes reiteraron ayer ante la juez que investiga el presunto fraude en la Hacienda de Irun que entregaron cantidades «en efectivo» al ex director de la Oficina de Hacienda foral de esa localidad, José María Bravo, con la idea de que, de esta forma, saldaban su deuda fiscal, y después de que éste realizara un rebaja de la misma, según informaron fuentes del caso.

Un total de cuatro contribuyentes de los 33 afectados por el presunto fraude en la Hacienda de Irun prestaron declaración como testigos en el Juzgado de Instrucción 2 de la localidad guipuzcoana.

El resto de los contribuyentes, así como dos asesores fiscales que hicieron de intermediarios, y dos funcionarios, prestarán declaración en las próximas semanas también en calidad de testigos.

Según fuentes jurídicas, los cuatro citados ayer, autónomos y pequeños empresarios, se ratificaron en las declaraciones que prestaron en su día ante la Ertzaintza.

De esa manera, tres explicaron que tenían una deuda con Hacienda a la que no podían hacer frente y que el mismo Bravo, principal imputado en la causa, les ofreció negociar el pago de la deuda. De esa manera, el imputado supuestamente les hizo una rebaja de las cantidades adeudadas, que abonaron de forma fraccionada en la misma oficina de Hacienda en Irun.

Los citados contribuyentes señalaron que el entonces director de la oficina tributaria les indicó que debían hacer el pago en efectivo.

Asesor

Según sostiene la Fiscalía de Gipuzkoa, José María Bravo no ingresó ese dinero en las arcas forales, sino que presuntamente se apropió de él. El cuarto citado a declarar señaló que en su caso fue un asesor fiscal quien se encargó de realizar las gestiones. Una quinta persona que debía comparecer ayer no acudió por problemas de salud.

Los testigos declararon que tenían el convencimiento de que con la cantidad que pagaban quedaba extinguida la deuda. Además, afirmaron que su objetivo era quitarse cuanto antes el problema.

Alguno de ellos señaló que, después de haber realizado el pago, incluso contando con justificantes del mismo, Hacienda le volvió a reclamar las cantidades que adeudaba. Las próximas comparecencias judiciales se realizarán los días 1, 3, 15, 17, 24 y 31 de octubre. En noviembre, los testigos han sido llamados a declarar los días 14 y 21.

Todas estas declaraciones vienen precedidas de las que prestaron en julio, en ese caso como imputados, José María Bravo, principal acusado y el único que se encuentran encarcelado, su esposa, María Rosa Cobos, su socio Pedro María Atristain y la funcionaria Pilar Gracenea.

Bravo permanece en prisión desde el pasado 18 de junio, en que la juez subrayó la gravedad de los hechos por los que se encuentra imputado, la supuesta apropiación de más de un millón de euros de los contribuyentes que mantenían deudas con Hacienda.