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Bruselas propone proteger a las empresas energéticas europeas ante la apertura del sector

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La Comisión Europea (CE) propuso ayer medidas para evitar que las empresas de fuera de la UE se aprovechen de la apertura del sector energético e insistió en que es conveniente que los grandes grupos del gas y la electricidad no controlen las redes de transporte.

El paquete incluye, además, el refuerzo de los poderes de los reguladores energéticos estatales y la creación de una agencia para la cooperación entre estos organismos a escala europea.

El texto adoptado por el Ejecutivo comunitario incluye una «cláusula internacional» por la que sólo se permitirá a las empresas energéticas extranjeras hacerse con el control de redes de transporte de energía en la UE, si respetan las mismas reglas que sus competidores comunitarios. Para asegurar esto, Bruselas propone que únicamente las empresas energéticas de aquellos países que firmen acuerdos en este ámbito con la UE podrán operar los gaseoductos y las redes eléctricas.

«Se trata de proteger la competencia leal entre todos los actores, y eso es algo diferente al proteccionismo», puntualizó en rueda de prensa el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, que insistió en que éstas no son «acciones políticas».

Estas medidas impedirían a empresas como la rusa Gazprom, principal suministrador de gas de la UE, hacerse con el control de las redes europeas de transporte de energía, un escenario temido en varios Estados miembros.

Oposición de empresas

Las «duras condiciones» -en palabras de Barroso- que se impondrán a las empresas extranjeras pretenden evitar que éstas se aprovechen de las nuevas normas que tendrán que cumplir los grupos energéticos europeos, ya que estos tendrán que deshacerse de sus redes de transporte si quieren seguir produciendo y comercializando energía. La fuerte oposición a esta medida por parte de gigantes como la alemana E.ON y las francesas EDF y Gaz de France, y de varios países miembros, con Alemania y el Estado francés a la cabeza, ha llevado a la CE a ofrecer una alternativa, que permitiría a las empresas mantener la propiedad de las redes de transporte, pero gestionadas por entidades totalmente independientes.

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