La Policía norirlandesa actuó inadecuadamente en la investigación de las amenazas recibidas por la abogada nacionalista Rosemary Nelson antes de la explosión de la bomba-lapa que le costó la vida.

Esta es una de las conclusiones del informe de la Defensora del Pueblo Nuala O'Loan, en el que se recogen detalles de una investigación preliminar sobre el «caso Nelson», uno de los cuatro casos claves en los que se sospecha de la connivencia entre fuerzas de seguridad y grupos paramilitares lealistas en el norte de Irlanda.

Reivindicación

En el momento de su fallecimiento, Nelson era la consejera legal de la Asociación de Residentes de Garvaghy Road que, al igual que ahora, estaba en disputa con la Orden de Orange debido al itinerario de una de las marchas que, a pesar de la oposición de los residentes, atravesaba la barriada católica de Portadown. Fue precisamente una organización paramilitar lealista de Portadown, conocida como los Defensores de la Mano Roja, una de las denominaciones adoptadas por la LVF, quien reivindicó la acción contra la abogada.

Una bala en una carta

Sin embargo, antes del atentado mortal en su contra, Nelson ya había denunciado una veintena de incidentes y amenazas ocurridas entre octubre de 1996 y septiembre de 1998.

En su denuncia se incluían siete amenazas de muerte, dos de ellas proferidas por oficiales de la Policía norirlandesa.

Nelson también recibió una bala en una carta y, en al menos once ocasiones, fue el centro de acusaciones informales de colaboración con el IRA en comentarios realizados por miembros de las fuerzas de seguridad.