Las Juntas Generales (JJGG) de Gipuzkoa aprobaron ayer por unanimidad la creación de una comisión para investigar «hasta el final» las responsabilidades políticas que podrían derivarse del presunto fraude de la Hacienda de Irun.

Las formaciones políticas consensuaron en febrero dar «una respuesta política adecuada al nivel de alarma social» creado por este caso. Tres meses antes, sin embargo, las JJGG habían rechazado crear la misma comisión con los votos de PNV, EA y PSE, que alegaron entonces la existencia de una investigación penal sobre el asunto, si bien posteriormente decidieron apoyarla al estar condicionada a la conclusión del trabajo de la Fiscalía y «siempre que las actuaciones judiciales no impidan su desarrollo».