El delegado del Gobierno español en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Paulino Luesma, ordenó ayer a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo para impedir que el Consistorio de Aramaio pregunte este fin de semana a los vecinos su opinión acerca del TAV. El pleno del Ayuntamiento, gobernado por EAE-ANV, acordó en setiembre aprovechar el proceso de elección de los alcaldes pedáneos para consultar a la población sobre la polémica infraestructura.

Luesma aseguró que este procedimiento, que el alcalde Asier Agirre calificó de «democrático», vulnerá el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que exige la mayoría absoluta del Pleno municipal y la autorización del Ejecutivo español. Además, solicita «expresamente» la suspensión de la consulta impulsada por la Alcaldía después de que una iniciativa ciudadana, suscrita por más de 650 aramaioarras, la pidiese hace unos meses al Ayuntamiento.

Una actuación anterior del delegado del Gobierno español impidió que se celebrase el 27 de mayo un referéndum, en opinión de la formación ekintzale, cuando Eusko Alkartasuna «dio marcha atrás» tras la suspensión decretada dos días antes por una jueza de Gasteiz. Entonces, el Consistorio estaba compuesto por ediles de PNV y EA a raíz de la exclusión de la izquierda abertzale.

El asunto se retomó en setiembre -con los independentistas de izquierdas gobernando la institución local- con la aprobación de una moción en la que se insta a dar la palabra a los vecinos de la localidad alavesa. La consulta que ahora trata de impedir Luesma comenzó ayer y se desarrollará hasta el domingo, coincidiendo con la elección de los alcaldes de barrio.

En ella, se recabarán las opiniones, así como aportaciones y sugerencias, de los habitantes de Aramaio sobre la alta velocidad y sus consecuencias, especialmente en el medio ambiente. Luego, a partir del lunes, se recopilarán y se harán públicas.

El representante del Gobierno español en la CAV señaló ayer que este proceso no se ajusta al ordenamiento jurídico español. Desde la Delegación que dirige Paulino Luesma se incidió, a través de un comunicado, en que «se va a estar especialmente vigilante para que desde ningún ayuntamiento se vulnere lo que nuestras leyes establecen». Además, amenaza que «frente a cualquier vulneración, se podrán en marcha las actuaciones legales que, en cada caso, correspondan».