El Ejército español volvió a hacer ostentación de sus armas en Euskal Herria. Ayer le tocó el turno a la Ribera navarra, hasta donde se desplazaron cientos de militares para realizar maniobras a las órdenes del «mando supremo de las Fuerzas Armadas» y «símbolo de la unidad» del Estado, según recoge la Constitución sancionada por el propio Juan Carlos de Borbón en diciembre de 1978. Por tanto, la presencia en tierras vascas del rey español nunca puede desligarse de ese doble papel que le atribuye el texto jurídico-político en el que están recogidas -en unos casos de forma expresa y en otros por omisión- las raíces del conflicto que padece Euskal Herria.

Tras la obsoleta institución monárquica -símbolo por antonomasia de la desigualdad de derechos entre las personas- se parapetan hoy quienes intentan propagar la idea de que España es el paradigma del Estado de Derecho y del respeto a los valores democráticos; los mismos que quieren ocultar que el marco jurídico que consagra esa Carta Magna no logró cosechar el respaldo mayoritario de la ciudadanía vasca hace 29 años y que, tres decenios después, en este país la mayoría busca una solución al conflicto que pasará, irremediablemente, por la modificación de ese marco.

Y en estos tiempos en que la memoria histórica se ha convertido en un valor social y político de primer orden, no hay que olvidar la trayectoria personal de Juan Carlos de Borbón, quien desde 1969 -cuando fue designado por las Cortes españolas sucesor de Francisco Franco- hasta 1975 fue, más que un símbolo, un inestimable pilar de la «estabilidad» de la dictadura. No muy lejos de Ablitas, en la Academia Militar de Zaragoza inició su meteórica carrera en el Ejército franquista, que le llevó a recibir a los 21 años «los honores de capitán general», precisamente, en 1969. Ni antes ni después de la muerte del dictador se le ha escuchado pedir perdón a las víctimas de la represión franquista ni renegar de ese pasado difícil de encajar con los valores democráticos. Y eso es memoria viva en Euskal Herria.