La letrada Ainhoa Baglieto afirmó de manera rotunda que las detenciones de Joseba Alvarez y de Oihana Agirre por parte de la Policía española son, como la de Juan Mari Olano, «totalmente ilegales» de acuerdo a la propia legislación española, al no tener el juez Garzón -en calidad de juez instructor de los sumarios en los que, según la Audiencia Nacional, se encuentran imputados tanto Alvarez como Agirre- ninguna competencia para ello. La representante del movimiento pro-amnistía arrestada, además, no cuenta con ninguna diligencia abierta en su contra ni encausamiento alguno en su actividad política.

Mientras que el mahaikide donostiarra y la representante de Askatasuna continúan en manos de la Policía española a la espera de que comparezcan, según fuentes jurídicas hoy a partir de las 10.00, ante el juez Baltasar Garzón, Baglieto recordó un auto de la sección primera de la Audiencia Nacional que advertía al propio Garzón sobre la imposibilidad de tomar ninguna medida sobre los sumarios que él mismo instruía; tales como los sumarios de Gestoras Pro Amnistía, Askatasuna, Batasuna o Segi, entre otros.

La única competencia con la que cuenta el titular de la Sala Nº5 sería la de decretar la suspensión de actividades de las organizaciones que investiga por un máximo de cinco años; periodo agotado tanto en el caso de Gestoras como de Askatasuna. Otro botón de muestra de la ilegalidad jurídica en la que habría concurrido Madrid, según Baglieto, sería que tras la marcha del pasado 9 de setiembre el Juzgado número 4 de Donostia identificó a Oihana Agirre como una de las participantes, pero no incoaron diligencias ni imputaciones en su contra.

Respuesta: «Más Askatasuna»

El auto de detención emitido por Baltasar Garzón sostiene que tanto Alvarez como Agirre concurrieron en un «delito de reincidencia en integración de organización terrorista». Un delito por el que el mahaikide donostiarra ya se encuentra encausado en el sumario contra Batasuna. No obstante, la letrada añadió que las diligencias aún se desarrollan bajo secreto de sumario.

El portavoz de Askatasuna Julen Larrinaga, en cambio, enfatizó que detrás del sinsentido jurídico que desgranó Baglieto solo cabe considerar la decisión política diseñada por el PSOE de emprender una nueva fase represiva y de persecución contra el independentismo vasco y contra todo aquel que «ponga en cuestión el estatu quo de esta España de Franco».

Subrayó e insistió, a este respecto, en que Madrid se «equivoca» si pretende coartar las aspiraciones democráticas de este país mediante una nueva fase de «involución democrática», y lanzó el siguiente mensaje al partido de Rodríguez Zapatero y «a quienes han diseñado esta fase de represión: A más represión, más «Askatasuna»».

Estado policial en Euskal Herria

También emplazó a la ciudadanía vasca a que participe, pueblo a pueblo, en la organización de la respuesta a la nueva ofensiva represiva diseñada por Madrid en la sede de Ferraz.

Pero Larrinaga fue más allá, y enumeró tres conclusiones que, a su entender, han quedado patentes en estas últimas semanas. Primero, la nula presencia del «Estado de Derecho» en el país con un recorte gradual de libertades que da paso a «la involución democrática» que, a su juicio, impera sobre los derechos de los ciudadanos vascos.

Como segunda conclusión, trajo a colación «el ánimo represivo que se esconde detrás de la decisión política de Madrid»; y que cuando caen «las togas y los decorados» con los que revisten los ánimos políticos solo queda «un policía con una porra», como claro ejemplo del «Estado policial que vive Euskal Herria».

«¿Para qué las instituciones?»

La nula capacidad de las instituciones del país en la defensa de los derechos de los vascos es, a juicio de Larrinaga, la tercera de las evidencias palpables.

Como elemento pedagógico de su exposición empleó, además, las palabras utilizadas por el lehendakari Ibarretxe el pasado domingo en el Alderdi Eguna: «Ibarretxe preguntaba a ver para qué un lehendakari si no puede consultar a los hombres y mujeres de este país; y nosotros le preguntamos ahora: ¿Para qué las instituciones si no pueden defender los intereses políticos de este país?».

Exigió la liberación inmediata de los detenidos y resaltó la endeblez de la democracia española al arrestar y encarcelar -como en el caso de Juan Mari Olano- a militantes vascos por el mero hecho de participar en una manifestación. «Eso ocurre en Birmania y en Guinea Ecuatorial, pero no en una democracia».

Mientras se espera la comparecencia, hoy, de los dos detenidos ante el juez Garzón tras dos días de arresto, ninguna formación política ha denunciado este nuevo operativo policial.