Aprincipios de la década de los 90, el Gobierno español decidió internacionalizar el conflicto político que enfrenta al Estado español con Euskal Herria en clave represiva. Con la ayuda de una coyuntura mundial que tras la caída del Bloque del Este iba a ceder en el respeto a los Derechos Humanos en el mundo, se iniciaron las detenciones en diferentes países como México (1990), Uruguay (1992), Nicaragua (1993), etc. Esta internacionalización de la represión alcanzó su punto álgido en el segundo mandato del Partido Popular (2000-2004), cuando el famoso Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo mencionaba el factor internacional como uno de los pilares básicos en la lucha contra el independentismo. Ese Pacto está derrotado a día de hoy, como tantos otros realizados con la imposible misión de terminar con el independentismo en nuestro país.

Es curioso que en estos tres últimos años, cuando se ha avanzado tanto en aclarar las claves para la resolución del conflicto, haya sido el PP quien más haya protestado por este hecho, acusando al PSOE de ayudar a la izquierda abertzale al realizar algunos pasos en materia internacional (resolución del Parlamento Europeo y otros). Y decimos que es curioso porque ha sido el propio PP quien más ha hecho por la internacionalización del conflicto tanto en Europa como en el continente americano. Medidas represivas de todo tipo en la Unión Europea, búsqueda de condenas a cada acción armada de ETA en cualquier foro o evento, persecución de exiliados y exiliadas políticas en el mundo de todo tipo de formas y maneras, etc.

Si alguien ha ayudado a que se conozca en el mundo la lucha del pueblo vasco, objetivo que también persigue la izquierda abertzale de cara a conseguir apoyos para la resolución verdadera y definitiva del conflicto, éste ha sido el propio PP y a su lado el PSOE.

Sin duda alguna la represión en los últimos años se ha extendido a distintos países y a personas que en muchos casos realizaban vida absolutamente ajena a la política, porque tenían un sumario judicial de 25 años atrás, o simplemente porque interesa la foto de la represión exterior. De hecho, siempre que extraditan o entregan a una persona de cualquier país del mundo, su foto bajando del avión en el aeropuerto aparece en todos los diarios como muestra de que no hay ningún país en el mundo seguro para los exiliados políticos vascos.

Evidentemente esta represión ha hecho mucho daño a muchas personas y a muchas familias vascas, que han visto truncadas sus vidas por la cruel venganza que ejerce el Estado represor español contra sus disidentes. Pero más allá de eso, esa represión se ha vuelto muchas veces en contra del propio Estado. Sobre todo cuando los compañeros presos en cualquier país del mundo han conseguido su libertad (cuatro casos en México, los casos de Uruguay, Argentina, Bélgica, Portugal e incluso el Estado francés). O cuando fruto de duros procedimientos judiciales se ha conseguido poner contra las cuerdas a la supuesta democracia española (sentencias donde a pesar de otorgar la extradición se pone en duda el sistema judicial español, como en los casos de Alemania, Holanda...).

Es por ello que en los últimos años han establecido acuerdos bilaterales de extradición con la mayoría de los países en América. En el seno de la Unión Europea incluso han conseguido cambiar el procedimiento de extradición por el de la entrega europea o euroorden.

Como se ha repetido una y otra vez, la Euroorden limita el derecho de defensa de la persona detenida en el extranjero de manera casi definitiva. A pesar de que se ha conseguido frenar entregas tanto en el Estado francés como en Bélgica, la verdad es que la euroorden ha hecho girar los presupuestos de la detención internacional, al situar en el país donde se realiza la detención la responsabilidad (casi obligación) de cumplir con la entrega, por un mal entendido criterio de colaboración o reciprocidad entre estados.

De todos modos, como se ha visto recientemente en el Tribunal de Westminster de Londres, si se respeta el derecho de la defensa a utilizar todos los instrumentos a su alcance en los juicios por euroorden, la represión puede ser un boomerang contra el propio Estado. Durante las distintas sesiones que ha tenido el juicio, más que analizar las conductas de los tres reclamados, se ha puesto de manifiesto la falta de democracia en el Estado español, así como su nefasto poder judicial. Al final, aunque en primera instancia la sentencia haya sido favorable a la entrega, es un buen ejemplo de los malabarismos que tienen que hacer los tribunales extranjeros para otorgar la euroorden.

Por desgracia no son pocos los casos en los que los tribunales españoles inventan, mienten o reinterpretan actuaciones de ciudadanos vascos con el fin de enmarcar sus actividades dentro de lo que definen como terrorismo (que por cierto, hoy es una cosa y mañana otra más amplia, como en el caso de la sentencia contra Segi). En el caso de los tres de Sheffield la Euroorden es un gran escándalo. Las chapuzas judiciales han sido tan grandes que a la fiscal encargada de defender los intereses del Estado, sólo le ha quedado el argumento de la confianza mutua que se deben los estados de la Unión Europea en relación a los derechos humanos.

Cada detención que se produce fuera de nuestras fronteras (además de las que se realizan en los dos estados opresores) es una fuente de internacionalización del conflicto. Se pone en juego la falta de democracia española, su sistema legal y judicial. En definitiva es un espejo en el que el monstruo represor se muestra ante Europa y ante el mundo como lo que es: un monstruo. Pero además quedan de manifiesto las bases de la negación del Estado español a reconocer la palabra y la decisión de nuestro pueblo, así como el uso de la fuerza bruta para negar la libertad de Euskal Herria.

Este sistema antidemocrático español no engaña a nadie en el mundo y, además, por mucho que lo quieran dotar de nuevos instrumentos, la batería represiva que utilizan a nivel internacional no es la mayoría de las veces más que un gran boomerang que se vuelve en contra del monstruo.