La presidencia de turno (portuguesa hasta fin de año) del Consejo de Ministros de la Unión Europea informó ayer a los periodistas de que los expertos jurídicos han dado la última mano de pintura a la nueva reforma de los tratados que está siendo negociada en la Conferencia Intergubernamental, con lo que pasan definitivamente la pelota a los gobiernos de los 27 estados miembros. El calendario presentado por la presidencia portuguesa (consensuado, obviamente, con el resto) prevé adoptar el nuevo texto en la cumbre que arrancará el 18 de octubre en Lisboa. En teoría, el carpetazo «provisional» de los «técnicos» de los 27 gobiernos implica que todas las cuestiones (incluida la cláusula de salvaguarda exigida por los británicos sobre la política de cooperación policial y judicial) han quedado zanjadas y que el nuevo texto está ya en disposición de que sea traducido a todas las lenguas oficiales de la Unión -de hecho, será traducido de inmediato y revisado a finales de esta semana-. Pero ésto es así sólo en teoría, por dos factores.

Por una parte, porque el hecho de que los expertos jurídicos de los estados miembros hayan trabajado tan «rápido» implica que los gobiernos han limitado los debates sólo a algunos puntos calientes que a punto estuvieron de desbaratar los planes de Angela Merkel en junio. Pero es muy posible que países como Polonia y Gran Bretaña pongan sobre la mesa cuestiones que oficialmente no están en el orden del día, como la concreción exacta y definitiva del nuevo reparto del poder que entrará en vigor dentro de diez años (especialmente en lo relativo a las minorías de bloqueo en el Consejo), o la jurisdicción del tribunal de justicia comunitario en determinadas cuestiones. De momento, lo que la presidencia transmite es que los expertos han dejado el texto lo más cerca posible de lo hablado y negociado en la cumbre de junio. Pero nadie descarta nuevas negociaciones sobre el proyecto de tratado.

Y el segundo factor, seguramente el más espinoso una vez más, será el de la ratificación (el nuevo texto sólo entrará en vigor si es ratificado por todos y cada uno de los 27 estados miembros, cada uno en base al sistema -parlamentario, referéndum...- que decida). Franceses y holandeses ya han adelantado que no organizarán referéndums (no sea que a sus ciudadanos se les «ocurra» tumbar de nuevo un tratado comunitario), pero en Gran Bretaña y en Dinamarca -dos socios «de alto riesgo»- la cuestión está muy abierta. De momento, el único que tiene decidido convocar una consulta de ratificación es Irlanda.