Al menos 20.000 personas están condenadas a muerte en el mundo, destaca AI
Pese a que en países como China, que albergará los Juegos Olímpicos en 2008, se ha reducido el número de ejecuciones, el informe sobre la pena de muerte elaborado por Amnistía Internacional destaca que al menos 20.000 personas están condenadas a morir a manos del verdugo.
Martxelo DÍAZ |
Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Palestina, Bahamas, Bahhrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Bielorrusia, Bo- tswana, Burundi, Comores, la República Democrática del Congo, Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, Chad, China, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, EEUU, Etiopía, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, India, Indonesia, Irak, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Lesotho, Líbano, Libia, Malasia, Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Uganda, Uzbekistán, Vietnam, Yemen y Zimbabwe son los países que, según constata el informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la pena de muerte que se presenta hoy y al que ha tenido acceso GARA, mantienen este castigo para delitos comunes.
AI destaca que pese a la tendencia a abolir o reducir el uso de la pena de muerte, aproximadamente 20.000 personas siguen hoy condenadas a muerte en el mundo, aunque es difícil saber la cifra exacta.
En 2006 fueron ejecutadas al menos 1.591 personas en 25 países, y al menos 3.861 personas fueron condenadas a muerte en 55 países. La mayoría ocurrieron en China, país en el que AI ha constatado una reducción.
«Estas son sólo cifras mínimas; las cifras reales son sin duda más elevadas», subraya AI.
Junto a ello, el organismo de derechos humanos destaca que las ejecuciones se siguen realizando utilizando varios métodos. Así, desde 2000 se ha utilizado la decapitación (en Arabia Saudí e Irak), la electrocución (en EEUU), el ahorcamiento (en Egipto, Irán, Japón, Jordania, Pakistán, Singapur y otros países), la inyección letal (en China, EEUU, Filipinas, Guatemala y Tailandia), el fusilamiento (en Bielorrusia, China, Somalia, Taiwán, Uzbekistán, Vietnam y otros países) y la lapidación (en Afganistán e Irán).
En EEUU hay aproximadamente 3.250 hombres y 50 mujeres condenados a muerte. En 2006 se llevaron a cabo 53 ejecuciones. A este ritmo, EEUU necesitaría más de 60 años para ejecutar a todos sus condenados a muerte, sin incluir a los que pueda castigar en el futuro.
En Pakistán, más de 7.000 hombres y mujeres aguardan su ejecución. Al ritmo actual, Pakistán necesitará más de 85 años para ejecutar a todas estas personas. Japón, por su parte, precisará aproximadamente 25 años para matar a todos sus condenados (124) y, en vista de que muchos de ellos ya son ancianos, la mayoría morirá antes del día de la ejecución.
Junto a ello, AI destaca que la Asamblea General de la ONU no ha adoptado hasta el momento ninguna resolución pidiendo una suspensión general de las ejecuciones o la abolición de la pena de muerte, pese a que hubo sendos intentos infructuosos en 1994 y 1999.
Actualmente, en EEUU se asiste a un debate sobre si la inyección letal es un método «adecuado» para ejecutar a los condenados a muerte. En febrero de 2006, el juez federal Jeremy Fogel impuso una moratoria en las ejecuciones con este método en California por temer que la inyección letal «cause grandes dolores antes de provocar la muerte».
En esas mismas fechas, una ejecución en Florida probó empíricamente el sufrimiento que supone la inyección letal. Al puertorriqueño Ángel Nieves Díaz le administraron una primera dosis, pero continuaba mostrando signos de vida. Por ello, le inyectaron una segunda dosis y pasaron 34 minutos antes de lo que declararan muerto. El gobernador de Florida, Jeb Bush, hermano del presidente, suspendió las ejecuciones en ese estado y nombró una comisión para que «examinara la humanidad y la constitucionalidad» de la inyección.
A mediados de setiembre, once estados aplicaron una moratoria, mientras que el Tribunal Supremo está analizando la constitucionalidad de esta práctica, ya que la octava enmienda prohíbe los castigos «crueles». Es decir, no se considera «cruel» la pena de muerte, pero sí el método.
Entre los condenados a muerte en EEUU se encuentra Pablo Ibar, de origen vasco. Fue condenado a muerte en 2000 y lleva en prisión desde 1994. Su vida depende de un recurso de su abogado para declarar nulo el juicio.
