Mientras los portavoces del PSOE y el ministro de Justicia insisten en la independencia de Baltasar Garzón, la mayoría de quienes han leído el auto por el que envió a prisión a 17 dirigentes independentistas sostienen que el juez se ha dejado influir por cuestiones de oportunidad política. Hasta que se conoció el texto, habían sido los representantes de formaciones abertzales quienes -con mayor o menor contundencia- habían denunciado la instrumentalización de los tribunales a cargo del Gobierno español. Pasados los primeros momentos de euforia y satisfacción por la detenciones, ahora son los medios de la derecha española quienes desnudan al magistrado de la Audiencia Nacional. Le acusan de haberse declarado en tregua mientras ETA mantuvo su alto el fuego.

Quienes anteayer aplaudían a Garzón, cuando en tiempos de Jaime Mayor Oreja hizo suya la consigna del entonces ministro del Interior de que «todo es ETA» (todavía hoy Mayor Oreja insiste en ver la mano de la organización armada vasca hasta detrás de lo que ocurre en Catalunya), ahora le reprochan haberse dejado llevar por las teorías relativistas de Rodríguez Zapatero. La derecha mediática tiene un nuevo icono judicial, que es Fernando Grande Marlaska, y algún columnista establece abiertamente comparaciones de las que Baltasar Garzón no sale bien parado.

Los editoriales de «Abc», «La Razón» y «El Mundo» atacan al juez por el mismo flanco: introducir en el auto «valoraciones políticas» sobre si Batasuna trabajaba por la paz o para apoyar a ETA, tomando como punto de inflexión la ruptura del alto el fuego en junio pasado. A su entender general, aunque encarcelar abertzales está bien y es saludable, debería haberlo hecho hace ya mucho tiempo, puesto que el proceder «impertinente» de Garzón y su subordinación a las tesis de Zapatero, «despoja a la acción de la Justicia de su seguridad en independencia». Con las cosas así, los editorialistas de «El País» se han quedado solos en la defensa del juez y en la creencia de que -como dice Garzón- se ha actuado ahora porque es cuando se han reunido los indicios necesarios para la intervención judicial. Un argumento más que cuestionable leyendo el resto de las páginas del auto.

Pero de las meras críticas escritas, hay quien siguiendo la misma línea argumental que utilizan los medios de la derecha ya pide la intervención del CGPJ. Una firma con peso en webs y tertulias de esa órbita política escribía ayer en «El Confidencial» que «algunos juristas creen que es más que posible que se esté cayendo en un delito de prevaricación, porque si ahora es delito que Batasuna celebre una reunión, también lo era entonces, y en el auto el magistrado reconoce, probablemente llevado por esa vanidad narcisista que le invade, que entonces no actuó porque él consideraba que no debía hacerlo dado que estos tíos de Batasuna eran hombres de paz según el Gobierno de Rodríguez. Pero no era así, y lo cierto es que ya entonces debía haber actuado y encarcelado a los miembros del aparato político de ETA. De ahí que Garzón merezca, al menos, que el Consejo General del Poder Judicial le abra una investigación y, como poco, un expediente».

No es probable que esta demanda llegue a tener ninguna consecuencia para Garzón, aunque no son pocos en el CGPJ los que le tienen ganas.

Pero al tiempo que se piden medidas, aflora uno de los temores de quienes celebran la detención y encarcelamiento de abertzales, y es que los deseos del juez por satisfacer los deseos gubernamentales, le haya llevado a cometer errores de bulto en la instrucción del sumario que ni siquiera los tribunales superiores españoles puedan pasar por alto, viéndose obligados finalmente a absolver a los dirigentes independentistas como ocurrió en 1999.

Habrá quien piense que «en el centro está la virtud» y que si Baltasar Garzón es atacado desde los sectores abertzales y desde la derecha española es que va por buen camino. Pero la justicia no es una media aritmética. Dos y dos no son cinco porque Rajoy diga que son seis y Otegi que cuatro.