Un agente de seguridad privada resultó herido ayer en un atentado con bomba llevado a cabo, según todos los indicios, por ETA, en el barrio bilbaino de Abusu. El escolta Gabriel Ginés presta sus servicios para una empresa de seguridad española que tiene entre sus principales clientes a instituciones, entre las que destacan los ministerios de Defensa e Interior, y se ocupaba en la actualidad de proteger al concejal del PSE en Galdakao Juan Carlos Domingo.

El atentado, con sus consecuencias humanas de sufrimiento, se produce en un contexto político inmediato marcado por una redada policial que ha llevado a prisión a 17 independentistas. Esa cercanía entre la razia contra la izquierda abertzale y el atentado en Bilbo llevó ayer al Gobierno español a extender las amenazas sobre nuevos ataques al conjunto del independentismo, en coherencia con el discurso policial en que se ha amparado Zapatero tras frustrar una clara oportunidad de alcanzar la paz. Lo que resulta menos comprensible es que un ejecutivo que denuncia un día el último auto de Garzón asuma al siguiente su filosofía criminalizadora. Azkarate, Ibarretxe y el PNV volvieron a situar ayer en el punto de mira a Batasuna para reprochar su «silencio» a una formación política que tiene sus sedes clausuradas y a su dirección en la cárcel.

Batasuna emitió una nota de prensa en la que censuró que «la actitud irresponsable del PSOE nos lleva a este escenario de confrontación» y reiteró que su propuesta hacia un marco democrático sigue en pie, pese a las detenciones y los atentados.

Tras el ataque que dejó herido a uno de los 3.000 agentes privados desplegados en las calles vascas, a los responsables políticos les corresponde no sólo mostrar su solidaridad, sino también buscar soluciones que permitan desarmar el escenario vasco. Quizás hallen inspiración en una recomendación hecha por Zapatero hace unos días al respecto de un conflicto diferente a éste: «Un país libre es siempre un país más seguro».