Ayer se cumplía el plazo de sesenta días establecido por Margaret Ritchie, ministra de Desarrollo Social del Gobierno norirlandés, para que la UDA decomise sus armas y ponga fin a sus actividades delictivas, y en los días anteriores a la culminación del plazo, la organización paramilitar lealista vuelve a mostrar su debilidad estructural con declaraciones y actuaciones contradictorias. El pasado viernes advertían de que las amenazas no les forzarían a considerar la opción del desarme, pero al día siguiente representantes de la Asociación de Defensa del Ulster (UDA) se reunían con la Comisión de Decomiso. Para el lunes, volvían las advertencias de que las amenazas de retirada de la financiación acordada con el Gobierno británico - 1.2 millones de libras esterlinas, casi dos millones de euros- podían hacer descarrilar el proceso de desarme, que se cumpliría de acuerdo con los plazos establecidos por la propia organización, según declararon representantes de los paramilitares lealistas.

La UDA, la organización paramilitar lealista con mayor número de integrantes en el norte de Irlanda, fue sin embargo la que no consiguió obtener representación política en la primera Asamblea norirlandesa, y sus continuos desplantes hacia los líderes del partido que los representaban, el UDP -encabezado por Gary McMichael, hijo del comandante de la UDA Jim McMichael- conllevaron a la disolución del partido en el 2001. Desde entonces, la organización se ha mantenido en los márgenes del proceso de paz y ha protagonizado noticias relacionadas con enfrentamientos internos -como en el caso de la expulsión a Escocia de Perro Loco Adair en 2003 y la muerte de Jim Gray a manos de miembros de su propia organización en el año 2005.

Los informes de la Comisión de Verificación identificaban a la UDA como la organización paramilitar lealista con mayor participación en las redes de criminalidad norirlandesa.

Sin embargo, han sido sus enfrentamientos con las fuerzas policiales -en 2005 durante la protesta por el desvío de una marcha orangista y más recientemente, este verano en Bangor, en las afueras de la ciudad de Belfast- los que decidieron la actuación de la ministra norirlandesa, que amenazó con poner fin a la financiación del programa de reinserción acordado por el Grupo de Investigación Política del Ulster (UPRG), que representa a la UDA, y el Gobierno británico.

Amenazas

Precisamente, Frankie Gallagher, del UPRG, ha advertido a Ritchie de que su decisión de poner fin a la financiación del grupo podría conducir a un recrudecimiento de las actividades del grupo paramilitar. «Si se descarrila el proceso porque una ministra conecta necesidad social con decomiso estaremos en una situación desastrosa», avisaba Gallagher.

Evidente, la confirmación de contactos «significativos» por parte de la Comisión de Decomiso encabezada por el canadiense John de Chastelain obligan a Margaret Ritchie a considerar la posibilidad de alcanzar un compromiso con la organización lealista.

La naturaleza de la reunión entre De Chastelain y la UDA fue ratificada por el secretario de Estado británico Shaun Woodward, que apuntó a que se habían nombrado interlocutores y se habían iniciado negociaciones sobre desarme. La UDA ha mantenido reuniones con la Comisión de Desarme durante un periodo de dos años.

Sin embargo, la ministra de Desarrollo Social, Margaret Ritchie, ha recordado que, independientemente de los informes de la Comisión, la decisión de redirigir los dos millones de euros de la Iniciativa de Transformación de Conflicto a otros proyectos lealistas le corresponde exclusivamente a ella.