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El Consorcio de Gipuzkoa da un nuevo paso para construir la incineradora

El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa seguirá rigiéndose «sobre las bases que se crearon en la anterior legislatura». La nueva presidencia del órgano -en el que en adelante participará Txingudi- ratificó el PIGRUG, en el que se recoge la construcción de la planta incineradora.

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Maider EIZMENDI |

El diputado de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Gipuzkoa, Carlos Ormazabal, y el representante de la Mancomunidad de San Marcos en este órgano y concejal en el Ayuntamiento de Donostia, Denis Itxaso, serán en adelante el presidente y el vicepresidente, respectivamente, del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. La elección de la presidencia fue uno de los muchos puntos a tratar en la primera asamblea ordinaria de esta legislatura, que tuvo lugar ayer tarde. Tras la reunión, que se prolongó durante tres horas, comparecieron ante los medios Ormazabal e Itxaso, que valoraron la sesión y dieron cuenta de las decisiones que se habían tomado.

Enumerando las más significativas, confirmaron la aprobación de la constitución de la sociedad pública que se responsabilizará de la gestión de las infraestructuras; el visto bueno a que la comisión asesora de la presidencia elabore un informe-propuesta para la definición del modelo de la planta incineradora; y la aprobación del convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Donostia y el de colaboración con la Mancomunidad Urola Erdia para la cesión al Consorcio de la titularidad y gestión de la planta piloto de compostaje de Lapatx.

«Una vez más Gipuzkoa ha ratificado el PIGRUG», matizó el nuevo presidente del Consorcio a modo de conclusión. Itxaso, por su parte, quiso subrayar que «los acuerdos alcanzados son fruto de los consensos interistitucionales y políticos» y están fundamentados «en las bases que se crearon en la anterior legislatura».

Aunque parezca paradójico, dada la amplía respuesta social que se ha dado contra el proyecto de la incineradora, Itxaso precisó que «el camino del consenso y el de la participación ciudadana y las opciones más sostenibles son las que nos van a permitir caminar hacia una solución».

Uno de los puntos de mayor interés residía en torno a la postura que adoptarán los representantes sobre el debate suscitado por el retraso del cierre del vertedero de San Marcos. Ormazabal insistió en que «quién tiene la potestad de su cierre es la Mancomunidad de San Marcos», al tiempo que comentó «que se dan todas las condiciones para ello».

Afirmó que la mancomunidad debe cumplir los requisitos técnicos «para coordinar el traslado» de sus basuras. Además, recordó que esta mancomunidad debe aprobar aún el convenio de aportaciones económicas al consorcio, aprobada el pasado 2 de agosto, condición para que el resto de vertederos acepten los residuos de San Marcos -presidido por EB y ANV, contrarios a la incineración- y se proceda a su cierre.

«Éste es el camino que hay que recorrer, el del consenso interistitucional, el de la lealtad y el de la solidaridad interterritorial», reafirmó Itxaso, que instó a los nuevos regentes de la Mancomunidad de San Marcos a que convoquen una Junta Rectora para aprobar su aportación.

Además informaron de que el Consorcio ha dado su visto bueno a la entrada de la Mancomunidad de Txingudi en el Consorcio. Para ello se le han impuesto como condicionantes el nombramiento de sus representantes, la aprobación del convenio de aportaciones y la aprobación de los estatutos.

Los representantes informaron sobre la puesta en marcha de otro tipo de infraestructuras, aún sin especificar del todo. «Hay que poner las chinchetas sobre el mapa del territorio guipuzcoano», comentaron.

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Muchas de las decisiones adoptadas se entienden tomando en consideración los porcentajes de representatividad: la Diputación tiene el 33%, la Mancomunidad de San Marcos el 32%, y el resto de mancomunidades se reparten el 35%.

El TSJPV desestima las medidas cautelares

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado suspender cautelarmente el acuerdo municipal de Donostia del pasado 30 de enero en el que se aprobó un convenio que determinaba construir una incineradora en la zona de los altos de Zubieta.

El Pleno aprobó, con los votos del PSE, PNV y EA, este convenio de colaboración con la Diputación de Gipuzkoa y las mancomunidades de basuras para la definición del futuro de la gestión de los residuos urbanos.

El acuerdo se incluyó en el pleno fuera del orden del día por el procedimiento de urgencia, «sin avisar». Distintos grupos, entidades, asociaciones como la Junta de Zubieta, el comité de empresa de Michelin de Lasarte, las asociaciones Donostia Bizirik y Ekologistak Martxan, Euskal Herriko Nekazarien Elkartea y la plataforma ciudadana anti-incineradora Arnasa recurrieron entonces esta decisión plenaria ante el TSJPV. La Sala, presidida por Luis Javier Murgoitio Estefania, ha desestimado la solicitud de adopción de la medida cautelar. El nuevo presidente del consorcio valoró, «como no podía ser de otra manera», positivamente el auto, que puede ser recurrida en un plazo de cinco días. GARA

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