«Iniciar todos los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de los edificios y bienes de uso religioso de la localidad, así como de cualquier patrimonio que pueda encontrarse en la misma o similar situación». Ésta es la propuesta que la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro llevará a diez ayuntamientos significativos, para que a su vez trasladen los acuerdos adoptados a todos los demás ayuntamientos y concejos del herrialde, al Gobierno y al Parlamento autonómico.

La decisión fue adoptada en la última asamblea de esta Plataforma, que se celebró en los locales de la asociación Nabarralde en Iruñea con presencia de unas treinta personas. La mayoría eran alcaldes y concejales, y también asistió una parlamentaria de Nabai.

En la instancia que será presentada en los diez ayuntamientos se les pedirá que, de acuerdo con la Ley Hipotecaria, registren como bienes públicos los edificios, ermitas, cementerios, casas y otras propiedades públicas que todavía estén sin registrar, y que «sean susceptibles de ser privatizados por la Iglesia».

Una vez debatido este tema en el ámbito municipal, el siguiente paso será celebrar una asamblea de ayuntamientos y concejos navarros para elegir la comisión de alcaldes y concejales que se encargará de transmitir esta cuestión al Parlamento, al arzobispado, a la opinión pública y, «si fuera preciso», a los tribunales. Esta asamblea general ha sido fijada para el día 15 de diciembre en el Ayuntamiento de Burlata.

Una vez que los municipios asuman la defensa de su patrimonio, la Plataforma se quedará en un segundo plano. No obstante, tiene previsto elaborar un vídeo y un libro divulgativos, así como convocar ruedas de prensa y manifestaciones.

Cobro por el uso de iglesias

En la asamblea de la Plataforma también se informó de las últimas novedades relacionadas con la privatización de patrimonio público, como la decisión del arzobispado de cobrar 300 euros por el uso de las iglesias de Tafalla, Erriberri, Lizarra y otras localidades.

Entre otras cosas más, se acordó nombrar portavoz de la Plataforma a Pedro Leoz Cabodevilla, vecino de Badostain que ha ejercido el sacerdocio a lo largo de cuarenta años.