Por vez primera desde 1995, el conjunto de los sindicatos de la SNCF (compañía de ferrocarril) llaman a una jornada de huelga y movilizacion unitaria con el objeto de defender el régimen especial de pensiones que les permite, hasta la fecha, recibir el 100% de su jubilación tras cotizar 37,5 años.

Los sucesivos gobiernos de derecha han aumentado a 40 los años de cotización. En el caso del sector privado esa cota de cotización rige desde 1993, mientras que en el caso de los del sector público se implantó en 2003. Sólo se han librado hasta la fecha de esa reforma los 500.000 trabajadores de los llamados «regímenes especiales», un modelo aplicado para reconocer el mayor nivel de sacrificio que implicaban en el pasado determinadas actividades laborales.

Los ferroviarios desfilarán hoy en las calles codo con codo con otros trabajadores que se benefician de esos «regímenes especiales», como los de EDF y GDF (compañías de electricidad y de gas, respectivamente), y los del Metropolitano de París. Según los sindicatos, esta movilización, a la que de forma paralela se han sumado funcionarios descontentos con su situación laboral, puede llegar a «paralizar el país».

Cinco meses después de su elección, Nicolas Sarkozy ha convertido esta batalla contra los «regímenes especiales» -en la que, según ciertos sondeos, cuenta con el apoyo de una mayoría de los ciudadanos- en uno de los puntos claves de su programa de reformas económicas y sociales. Hasta el punto de que tiene muy difícil dar marcha atrás en esta cuestión sin dar la impresión de renunciar a ese paquete de reformas.

«Más allá de la cuestión de los regímenes especiales, que es la que remarcarán los medios de comunicación, a lo que asistiremos este 18 de octubre es a la primera gran movilización frente a las contrarreformas de Nicolas Sarkozy», explica a GARA Annick Coupé, portavoz del sindicato de extrema izquierda Solidaires.

De hecho, los llamamientos a la huelga se han multiplicado tras los dos discursos pronunciados por el presidente francés a mediados de setiembre. El 18 de setiembre, Sarkozy anunciaba la revisión de los regímenes especiales, el incremento de la cota de cotización de 40 a 41 años, el aumento de las horas de trabajo, la facilitación de los despidos y en endurecimiento de las sanciones a los desempleados, entre otras reformas.

Dos días más tarde, el presidente francés presentaba una vasta reforma del sistema público de aquí a 2012, con el objeto de sustituir sólo a uno de cada dos trabajadores que cojan la jubilación y para facilitar a las administraciones públicas realizar contratos de trabajo privados.

Los ocho sindicatos de funcionarios, reunidos el pasado día 1, realizaron un llamamiento unitario a una huelga para este 18 de octubre, mientras que tres de ellos convocaban además acciones concretas: la CGT (el más importante con un 23% de afiliación), la FSU (11%, mayoritario entre los docentes) y Solidaires (7%).

Falso diálogo con los sindicatos

El presidente francés ha expresado su intención de privilegiar la vía de la negociación con los sindicatos, a cuyos líderes ha recibido en cuatro ocasiones desde su elección. Sin embargo, ls centrales sindicales han mostrado su malestar por el hecho de que el presidente fije el calendario y los objetivos que cabe esperar de esos contactos, lo que deja poco margen para la negociación real.

El ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, confirmó el pasado día 10 que el gobierno implantará antes de fin de año ese paso a los 40 años de cotización. Ni siquiera la CFDT, segundo sindicato en importancia de afiliación y el más proclive a llegar a acuerdos con el gabinete de derecha se ha mostrado satisfecho con tal anuncio.

«Así sólo se refuerza nuestra determinación y la de los ferroviarios de llevar a cabo una fuerte movilización el 18 y en fechas sucesivas», manifestaba al respecto el portavoz de la CFDT, Jean-Louis Malys. Aunque matizaba, a tiempo, que «la acción no se opone a la negociación, sino que sirve más bien para apoyarla».

La matización tiene su relevancia, pues implica que la CFDT, contrariamente a las intenciones esbozadas por otros sindicatos de la SNCF, no esta dispuesta a entrar en una dinámica de huelga que pueda prorrogarse a partir de hoy. La cuestión que se plantea de inmediato es si en esas condiciones la movilización de hoy podrá tener la fuerza suficiente como para frenar a Sarkozy.

Durante el movimiento contra las reformas de las pensiones públicas en 2003 y de Educación en 2005, el Gobierno pudo aguantar bien porque los sindicatos de transportes no hacían más de una jornada de huelga a cada vez.

«La reforma de 2003 salió adelante porque la protesta fue sostenida casi en exclusiva por los funcionarios y los empleados de Educación», recuerda Gérard Aschieri, secretario general de la FSU, que valora ya con respecto a esta nueva movilización que «sigue existiendo un alto riesgo de que cada cual pelee por su lado».

La FSU se esfuerza por defender, por ello, un frente unitario. «Volveremos a reunirnos el día 22 los sindicatos de funcionarios para sopesar las posibilidades de que lancemos una huelga para mediados de noviembre, o incluso antes si la huelga de transporte se alarga», explica Aschieri.

La actitud de la CGT es, con todo, la determinante. «No debemos vernos solos defendiendo en exclusiva los regímenes especiales, de ahí que nuestra estrategia de partida no es la de una protesta indefinida», manifiesta Christian Joncret, de la oficina federal de la CGT-Ferroviarios. Pero ello podría cambiar si el Gobierno de Sarkozy optara por no ceder nada en las negociaciones.

«En las relaciones laborales en Francia se ha producido una evolución importante», analiza, por su parte, Bernard Vivier, director del Instituto Superior del Trabajo. «Incluso en la CGT empieza a plantearse si no es mejor negociar con el otro que pelear contra él. Mientras, el Gobierno se muestra receptivo a la vieja reivindicación de la CGT sobre la reforma del sistema de representación de los sindicatos, que se traduciría en un refuerzo considerable de su papel». Esta es una de las cuestiones evocadas por Nicolas Sarkozy el 18 de setiembre.

«La CGT, a nivel nacional, teme perder en esta confrontación con el Gobierno, ya que tiene en frente a un poder muy fuerte», estima por si parte Annick Coupé, quien pese a todo, valora que «no se puede permanecer con los brazos caídos a la espera de que se presente una ocasión más certera y dejar a Nicolas Sarkozy poner en marcha sus reformas a toda velocidad, aprovechando que el viento sopla a su favor», matiza.

El presidente francés disfruta, en efecto, de un contexto favorable. «Los sindicatos están divididos, ya que la CFDT se ha rendido de hecho al liberalismo y, contrariamente a sus bases, su dirección divaga y no parece muy dispuesta a ampliar el movimiento de protesta», analiza el politólogo René Mouriaux, gran conocedor del sindicalismo francés. Hasta el punto, según Mouriaux, de que «al gobierno puede incluso interesarle el ver a sindicatos contestatarios como la FSU o Solidaires movilizarse en vano y debilitarse en el intento. Al tiempo, hay que tener en cuenta la visión de la izquierda política: los socialistas han estallado tras su derrota en las presidenciales y la izquierda crítica no consigue la unidad. Finalmente, a la clase asalariada le falta percibir un proyecto alternativo que promueva una igualdad al alza frente a un Sarkozy que juega a enfrentar a los trabajadores del sector público y del privado, a los que tienen trabajo con los que están desempleados...».

Ello lleva a este observador a concluir que el movimiento de protesta que hoy se escenificará en las calles «está mal planteado». Aunque, según dice, «todavía hay que creer en que son posibles las sorpresas».