Polonia, que insiste en acogerse al «compromiso de Ioannina»; Italia, que rechaza que el Estado francés tenga más eurodiputados que ella y Austria, que no está conforme con el número de estudiantes de otros estados que tienen que acoger sus universidades, son, en esta ocasión los principales obstáculos para que en la Cumbre de Lisboa que comienza hoy se adopte, por fin, un compromiso sobre el nuevo tratado constitucional.

La posición de Polonia no es nueva, ya que lleva meses mostrando su disconformidad con el sistema de voto de los 27 previsto por el tratado en función de la pérdida de peso relativo de Varsovia. Los hermanos Kaczynski lograron en la cumbre de junio que la nueva distribución de fuerzas no entrase en vigor hasta 2014 ó 2017.

Junto a ello, los polacos se aferran al «compromiso de Ioannina», que fue adoptado en esta ciudad griega y que, formalmente, existe en los textos europeos, pero que se ha aplicado en una única ocasión. Este mecanismo prevé que los países que se encuentren en minoría con el nuevo reparto puedan bloquear la adopción de una decisión.

Una declaración de este tipo está prevista en el texto adoptado por los juristas europeos, pero podría ser fácilmente modificada por una simple decisión de la mayoría.

Polonia, que se encuentra en plena campaña electoral, reclama que el «compromiso de Ionnina» sea reforzado, incluyéndolo directamente en el tratado. De este modo, sólo podría ser modificado por unanimidad y mediante una nueva conferencia intergubernamental.

En cambio, la oposición de Italia supone una novedad, ya que rechaza el nuevo reparto de escaños en el Parlamento Europeo. Esta distribución responde a una exigencia del tratado, que disminuye el número de eurodiputados de 785 a 750 a partir de la próxima legislatura (2009-2014), pero respetando el principio de «proporcionalidad regresiva» para permitir que los estados más pequeños también estén representados.

El Parlamento aprobó una nueva distribución en la que se tuvo en cuenta esta condición, pero Italia se ha encontrado con que, por primera vez, tiene menos eurodiputados (72) que el Estado francés (74) y que Gran Bretaña (73), por lo que se opone. Roma argumenta que no hay que tener únicamente en cuenta la población de los estados, sino también los residentes en otros estados miembros.

La oposición de Austria se basa en una cuestión concreta. Viena quiere establecer cuotas de alumnos extranjeros en sus universidades para limitar la creciente presencia de estudiantes alemanes, pero esta pretensión ha chocado directamente con el Tribunal Europeo de Justicia.

La postura austríaca es difícil de satisfacer, puesto que la Comisión no está dispuesta a enfrentarse a los jueces europeos únicamente para satisfacer la pretensión de un estado miembro, que, además, no es de los más poblados.

El euroescepticismo de Gran Bretaña también es tradicional. En las negociaciones previas, Londres ha obtenido grandes ventajas, como la no obligatoriedad de participar en el reforzamiento de la cooperación judicial y policial que prevé el tratado. De este modo, se evitan tener que convocar un referéndum, que en Gran Bretaña sería muy difícil superar.

Sin embargo, las tesis de los euroescépticos tienen un peso importante en la isla, hasta el punto de que el nuevo primer ministro, Gordon Brown, ha tenido que prometer que no «traspasará las línea rojas».