El ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue acusado ayer por la Fiscalía General de nueve delitos, entre ellos genocidio, al cumplirse el cuarto aniversario de las protestas en que murieron más de 60 personas y provocaron su renuncia.

El fiscal general, Mario Uribe, presentó ante la Corte Suprema de Justicia la imputación contra el ex gobernante (1993-1997 y 2002-2003), todos los ministros de su segundo mandato y los jefes militares de esa época.

El fiscal que investiga el caso, Milton Mendoza, señaló que los delitos de los que se le acusa a Sánchez de Lozada, quien huyó a EEUU junto a sus ministros de Defensa e Hidrocarburos, pueden suponer una condena de hasta 25 años de prisión.

Según la Fiscalía, Sánchez de Lozada, sus ocho ministros y cinco altos cargos militares de entonces fueron acusados de genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, privación de libertad, vejaciones y torturas, atentado a la libertad de prensa, allanamientos y resoluciones contrarias a la ley.

Las protestas de entonces fueron provocadas por el descontento social con un proyecto de exportación de gas natural a EEUU, ahora desechado, que pretendía usar puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones por su controversia marítima.

Extradición

Los trámites para la extradición desde EEUU se presentarán en los primeros días de noviembre ante el Departamento de Estado, informó ayer el embajador de Bolivia en Washington, Gustavo Guzmán.

En La Paz, más de tres mil manifestantes protestaron ayer a las puertas de la embajada de EEUU, llevando un ataúd en las manos cubierto con una bandera boliviana. Los familiares de las víctimas amenazaron con quemar el edificio si la extradición no se produce antes de diciembre.