Tras la aprobación de la ley de memoria histórica
Una ley más que añadir al «debe» del Estado español en Euskal Herria
Las organizaciones sociales y políticas que trabajan en Euskal Herria en favor de la recuperación de la memoria de las víctimas del régimen franquista y de la represión que éste generó no han visto reflejadas sus demandas en la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso español. Tampoco las víctimas y sus familiares encuentran en esa norma la verdad, la justicia y la reparación que llevan tantos años reclamando.
Txotxe ANDUEZA | GASTEIZ
El final del debate parlamentario con el que el Estado español se ha dotado de una denominada Ley de Memoria Histórica ha llegado envuelto en críticas de quienes debieran haber sido sus principales beneficiarios y, sin embargo, han visto que este texto legal ha dejado sus expectativas frustradas.
De esta manera, y contrariamente a la actitud mostrada por la mayoría de los grupos con representación en el Congreso español, tanto las organizaciones defensoras de la recuperación de la memoria histórica como las propias víctimas y familiares rechazan que esta ley pueda poner punto final a sus demandas, y anuncian que continuarán trabajando para que se abran cauces a la verdad y a la justicia para todas las víctimas.
Con este objetivo, y respondiendo al llamamiento de Ahaztuak 1936-1977, esta semana se han realizado movilizaciones en muchas localidades. Y una vez sentenciada la ley en sede parlamentaria, la asociación de víctimas del franquismo se ratifica en su crítica central a una ley que entre otras cosas no anula los juicios franquistas,haciendo que «nuestros familiares, las víctimas, siguen siendo jurídicamente culpables hoy, lo mismo que ayer, que en 1977, que el día que se dictaron las condenas que los llevaron a la cárcel, al `batallón de trabajadores' o en tantos casos al paredón».
Destaca Ahaztuak el elemento novedoso que ha aportado a la ley la última fase del debate parlamentario, permitiendo a la Iglesia mantener la simbología franquista, «hecho que creemos sumamente ilustrativo tanto de la posición del PSOE como de los partidos que lo han hecho posible» y que es, en su opinión, «un botón de muestra de las verdaderas intenciones de esta Ley y de lo que dará de sí».
No puede ocultar su enfado la asociación que acoge a las víctimas que dejó el franquismo entre 1936 y 1977, porque «con esta ley, otra vez, vuelven a fortalecerse, porque se les deja seguir ahí, unos `poderes fácticos' y unos `valores fácticos' con marcadas pervivencias de la ideología franquista, en detrimento de la ya mermada democracia que dicen que tenemos».
«Esclavitud silenciada»
La asociación Memoriaren Bi- deak, que centra su labor en la faceta de la represión franquista que supusieron los trabajos forzosos, critica también la no declaración de nulidad de las sentencias dictadas por el régimen instaurado por Franco, y subraya lo que considera «privatización de la verdad», al establecerse en la ley la posibilidad de dar una «declaración personal de contenido rehabilitador y reparador, algo que tienen que solicitar personalmente las víctimas o sus familias», cuando, según señalan, es el Estado quien debiera tomar la iniciativa y declarar nulas todas las condenas.
En lo que se refiere a su ámbito de actuación, Memoriaren Bidean considera especialmente injusto que quienes estuvieron uno, dos o incluso tres años «trabajando gratis para el régimen franquista o empresas privadas no reciban indemnización, como si la explotación y el maltrato que sufrieron no mereciera ser compensado». En el mismo sentido, la ley a la que la mayoría de formaciones políticas representadas en el Parlamento español ha dado su visto bueno no contempla la asunción de responsabilidades por parte de las empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo, a pesar de que la mano de obra de «hombres y mujeres antifascistas fue utilizado por diferentes empresas, ya fueran mineras, constructoras, siderúrgicas, textiles, de transportes... que encontraron en esta modalidad represiva una forma fácil de au- mentar sus beneficios». Memoriaren Bideak señala que sin ello «es imposible explicar la acumulación de capital» de constructoras como Dragados y Construcciones, Huarte o Banús, entre otras empresas privadas, así como ayuntamientos, la Iglesia católica o empresas públicas como RENFE.
Otro elemento de la ley que esta asociación destaca, por estar en claro contraste con los países de Europa occidental que emprendieron políticas de este tipo, es el «desinterés por convertir los campos de concentración y de trabajo forzoso en lugares de la memoria y de uti- lidad educativa». De hecho, Memoriaren Bideak denuncia que en la nueva norma «no hay ninguna mención a la señalización pública de las obras que fueron realizadas con trabajos forzados, y menos aún a la construcción de museos o centros de interpretación que muestren los horrores de esta variedad represiva». Estas carencias se reflejan, según señala esta asociación, en «uno de los monumentos más simbólicos del trabajo esclavo» en el Estado español, el llamado Valle de los Caídos, que paradójicamente se mantiene «como lugar de público homenaje a los vencedores de la guerra y a los padres del fascismo español».
Como conclusión, Memoriaren Bideak considera que esta ley supone un error porque, en su opinión, «la memoria de la guerra, la represión y la esclavitud debería servirnos para desterrar de nuestra sociedad la lógica de la guerra y de las viola- ciones de derechos».
«El último gran fiasco»
Para la Asociación de Víctimas del 3 de marzo de Gasteiz, se trata del «último gran fiasco y decepción» que reciben en su larga trayectoria de lucha por lo- grar esclarecer los hechos que dieron lugar a cinco muertos y multitud de heridos por las fuerzas policiales.
Destaca esta asociación que en lo que se refiere a las víctimas de la última etapa del franquismo «la ley es de una ambigüedad y de una arbitrariedad absoluta», lo que «da lugar a interpretar que los afectados comprendidos en este periodo no son víctimas del franquismo y por lo tanto no son víctimas de delitos de lesa humanidad» que, como recuerdan, según la legislación internacional en derechos humanos, ni prescriben ni pueden ser amnistiados.
Mientras la Iglesia católica española, que el pasado domingo llevó decenas de miles de personas a la plaza de San Pedro, celebraba la beatificación de 498 fallecidos, el «Guernica» de Picasso rodaba por los suelos. Era todo un símbolo de la forma en que la jerarquía católica estaba tratando a las víctimas del franquismo.
El Vaticano, que llegó a denominar a los nuevos beatos «mártires del siglo XX» y dio cobijo a una ceremonia multitudinaria, a la que acudieron alrededor de 50.000 ciudadanos procedentes del Estado español, negaba el carácter político de este acto. Pero la Plaza de San Pedro rezumó política y enfrentamiento. No sólo por la unilateralidad de las víctimas homenajeadas; también porque -o tal vez por eso mismo- muchas de las pancartas y atuendos que mostraron los asistentes tenían un claro tono de reivindicación del alzamiento franquista y del régimen al que dio comienzo. Y fueron abundantes las banderas españolas «preconstitucionales», los yugos y flechas.
En ese marco se hacía difícil entender la presencia del ministro de Exteriores español, Miguel Angel Moratinos, en representación oficial del Ejecutivo del PSOE. Un partido y un ejecutivo que presumían de ser abanderados de la recuperación de la memoria y de la reconciliación, y han acabado dando cobertura a una institución, la Iglesia católica, en un acto que reabría heridas, y en la Ley de Memoria Histórica, dotándoles de un cierto grado de impunidad para el incumplimiento de lo que ésta establece en materia de desaparición de simbología franquista.
Por eso, la reproducción del emblemático «Guernica» pintado por Pablo Picasso pisoteado en las calles de Roma es una imagen significativa de cómo pueden reabrirse heridas cuando la memoria se utiliza para objetivos distintos a los de conocer la verdad y procurar reparación a las víctimas.
Los grandes medios apenas recogieron el hecho, y mucho menos los españoles, interesados sobre todo en vaciar de significación política la ceremonia del Vaticano. Como mucho, algunos se limitaron a reseñar una «confusa reyerta». Pero mientras en la Plaza de San Pedro algunos aprovechaban para ensalzar al franquismo, en un centro religioso de la capital italiana varios militantes antifascistas eran increpados y atacados.
Miembros del grupo italiano Militant colocaron en las puertas de una iglesia del Opus Dei una pancarta y la reproducción de varios fragmentos del famoso cuadro que refleja la destrucción causada por la aviación nazi en Gernika. La pancarta expresaba claramente el motivo de la protesta: «Quien ha asesinado, torturado y explotado no puede ser beato». Algunos de los fieles que acababan de asistir a una misa en el templo también fueron rotundos al increparles, lo que dio lugar a algunos enfrentamientos verbales, vivas a Franco y algo más que conatos de enfrentamiento físico.
«Se mantienen las tumbas de los dirigentes fascistas en lugar público, y se prohíbe de manera solapada un posible homenaje a los presos que trabajaron en su construcción, al prohibirse `actos de naturaleza política' en todo el recinto», censuran.
Las críticas a la aportación que PNV, EA y NaBai han hecho a la Ley se suman a las denuncias de la «postura excluyente» para con las víctimas del franquismo en la llamada Ponencia de Víctimas del Terrorismo del Parlamento de Gasteiz.
En Alemania, donde se registró una utilización masiva del trabajo esclavo, las empresas y la Iglesia católica se han visto forzados por ley al pago de indemnizaciones. En el Estado español no se contempla ninguna medida de este tipo.
Ninguna asociación considera que esta ley satisfaga las demandas de las víctimas, que la sitúan más bien como una «ley de punto final». Consideran, por ello, que la lucha por la verdad y la justicia tiene aún un largo camino por recorrer.
