El juez Grande no quiere que se graben los interrogatorios a los siete últimos detenidos. Prefiere la opacidad de los centros de detención y alega, en defensa de la impunidad que «el Estado de Derecho alberga suficientes mecanismos para garantizar los derechos de las personas detenidas». Que se lo digan los miles de torturados. Le hablarán de los mecanismos con los que les torturaron. A alguno lo conoce en persona el propio Grande.