El juicio por el «caso Menezes» ha concluido con una condena a Scotland Yard, cuerpo policial al que un jurado ha considerado culpable de incumplir la ley británica de riesgo laboral en relación a la muerte del joven brasileño. El hecho mismo de que se haya tipificado de ese modo lo ocurrido un fatídico 22 de julio de 2005 en la estación de Metro de Stockwell es un síntoma de la resistencia del sistema británico a abordar abiertamente que la muerte de Jean Charles de Menezes es una consecuencia directa de la política de tirar a matar que rige en Gran Bretaña.

Esa práctica de «tirar a matar», que tan trágicas consecuencias tuvo en los años de conflicto en el norte de Irlanda, no ha hecho sino asentarse a través del endurecimiento progresivo de la legislación de seguridad tras los atentados del 11 de setiembre de 2001 en EEUU.

El joven brasileño murió dos semanas después de los ataques en el transporte público que costó la vida a 58 personas en Londres y al día siguiente de que la Policía anunciara que había evitado otra serie de atentados, a cuyos responsables buscaba. Ese contexto ha sido evocado profusamente por los responsables políticos y policiales a lo largo de un juicio en el que han quedado patentes numerosas «irregularidades» en el comportamiento de la brigada que mató de ocho disparos -uno en el hombro y siete en la cabeza- al joven brasileño.

En la línea de la posición oficial de valorar la muerte de Menezes como «un trágico error», ocurrido en ese contexto de «amenaza especial», el juicio concluye con esa condena prácticamente por motivos técnicos o de falta de pericia profesional a Scotland Yard.

Desde que el fiscal bloqueara un proceso por homicidio y diera paso a este proceso de bajo perfil se podía contar con una sentencia como ésta, destinada a fijar una indemnización a una familia que sigue sin saber qué llevó a la Policía británica a convertir a Jean Charles de Menezes en «un sospechoso a abatir». Nadie puede ver en esta condena formal a Scotland Yard el menor cuestionamiento a una dictadura de la seguridad que es una amenaza mayor para la ciudadanía.