El dictamen del fiscal argentino Claudio Palacín en el sentido de que un grupo guerrillero cometió delitos de «lesa humanidad» en los años 70 ha generado la polémica en Argentina, pues, según organismos humanitarios, equipara sus acciones armadas con los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).

El fiscal Palacín tipificó como un «crimen de lesa humanidad», y por lo tanto imprescriptible, el secuestro, la posible aplicación de tormentos y la muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974.

«El dictamen equipara hechos disímiles y tiende a relativizar la gravedad de los masivos crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas en esos años», dijo ayer a Efe Rodolfo Yanzón, abogado de la Liga por los Derechos Humanos.

Palacín solicitó el miércoles realizar las investigaciones necesarias para dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de Del Valle Larrabure y pidió que los presuntos implicados sean citados a prestar declaración indagatoria.

Javier Vigo Leguizamón, abogado del hijo de Del Valle Larrabure, calificó de «histórica» la postura del fiscal y adelantó que abre la posibilidad de que los deudos de otras víctimas de grupos guerrilleros impulsen el inicio de las investigaciones judiciales para dilucidar aquellos casos y hallar a los responsables.

«Se trata sólo de un dictamen y es la opinión de un fiscal en un caso determinado, no la de la Procuración General, que es el cuerpo de fiscales», advirtió Yanzón, que patrocina a varios familiares de víctimas y supervivientes de la represión de la dictadura militar.

Según Yanzón, «esto está motivado en la lucha a favor de la impunidad que sectores vinculados a la represión nunca cesaron y ante lo inevitable del avance de los juicios por lesa humanidad quieren negociar en otros términos».

En numerosos fallos, la Corte Suprema de Justicia argentina ha determinado que las torturas y otras violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar constituyen «crímenes de lesa humanidad» y son imprescriptibles.

Yanzón, quien también fue abogado del fallecido Enrique Gorriarán Merlo, uno de los dirigentes del ERP en la década de los 70, adelantó que pedirá a la Procuración General que evalúe la actuación de Palacín.

«En el caso de la guerrilla, no hubo un ataque sistemático, los crímenes no han sido masivos ni han tenido una gravedad tal que implique la posibilidad de considerarlos de lesa humanidad», añadió Yanzón.