Musharraf impone el estado de excepción para aferrarse al poder
El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, impuso ayer el estado de excepción en su país a pocos días de que el Tribunal Supremo resolviera la legalidad de su reelección como presidente, el pasado 6 de octubre. La decisión de Musharraf supone el bloqueo del caso, ya que el presidente del Supremo y ocho magistrados se encuentran «bajo custodia» en paradero desconocido y fueron sustituidos ayer mismo.
GARA |
El general golpista y presidente paquistaní, Pervez Musharraf, decretó ayer el estado de excepción en el país y anunció un «nuevo orden constitucional provisional» tras suspender la Constitución de 1973. En un discurso televisado, afirmó que espera que las «libertades democráticas suspendidas» sean restauradas tras las elecciones previstas, en un principio, para enero de 2008. El general aseguró que el país vive una coyuntura «peligrosa» por el auge de la insurgencia islamista, que amenazaba la autoridad del Gobierno, y porque éste estaba «semiparalizado» debido a la falta de cooperación del poder judicial.
El presidente y jefe de las Fuerzas Armadas, que horas después de adoptarse la medida compareció en la televisión pública vestido de civil, calificó su decisión de «dolorosa» y agregó que «si no la tomábamos había un grave peligro para la seguridad del país».
Musharraf, que llegó al poder gracias a un golpe de Estado en 1999, ha visto cómo en los últimos meses la judicatura y la insurgencia islamista han debilitado su Gobierno. En su discur- so, acusó a los jueces de «trabajar en dirección distinta al Ejecutivo» y de «debilitar la resolución del Gobierno en el combate del terrorismo».
«Los extremistas pululan abiertamente», añadió tras asegurar que 61 «terroristas» habían sido liberados por orden judicial, acusando al ayer depues- to presidente del Tribunal Supremo, Iftijar Mohamed Chau- dhry, quien habría presionado para liberar a sospechosos contra quienes no se habrían presentado cargos. «Nadie sabe si uno de estos hombres liberados está detrás de los últimos atentados con bomba», dijo.
También acusó a algunas cadenas de televisión privadas de haber contribuido a la atmósfera de incertidumbre. Ayer mismo, fue cancelada la emisión de las cadenas no estatales.
La declaración del estado de emergencia implica la entrada de vigor que una Orden Constitucional Provisional (OCP), que supone la suspensión de la Constitución y otorga poderes extraordinarios a Musharraf. Además, permite a los tribunales funcionar, pero suspende algunos derechos fundamentales y faculta a las fuerzas de seguridad para detener sin cargos.
Magistrados destituidos
Al poco de conocerse la decisión de Musharraf, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional el nuevo orden. Poco después, efectivos de las fuerzas de seguridad rodearon e edificio judicial, entre otros, y pusieron «bajo custodia» a su presidente Chaudhry y a otros ocho magistrados, que fueron trasladados a algún lugar que no fue revelado.
El general golpista y aliado de EEUU en su «lucha contra el terror», consiguió así destituir, por segunda vez tras haberlo intentado sin éxito en primavera, a Chaudhry, quien encabezó un movimiento sin precedentes contra Musharraf, y colocar en su lugar al juez Abdul Hameed Dogar.
El Tribunal Supremo analizaba estos días la legalidad de la reelección Musharraf como presidente, en las elecciones del pasado 6 de octubre, y tenía previsto pronunciarse la próxima semana.
La ex primera ministro Benazir Bhutto regresó inmediatamente a Pakistán desde Dubai, a donde se había desplazado hace dos días, nada más conocer la decisión de Musharraf, que, por supuesto, condenó. Su vivienda permanecía rodeada por un centenar de agentes que impedían toda entrada o salida.
Bhutto, que volvió al país tras ocho años de exilio gracias a un acuerdo de reparto de poder con Musharraf, afirmó que a menos que éste dé marcha atrás «será muy difícil que se celebren elecciones imparciales».
El estado de emergencia impuesto ayer en Pakistán por el presidente golpista, Pervez Musharraf, suscitó una honda «preocupación» en Londres, Washington y Nueva Delhi, entre otros países, además de llamamientos al mandatario paquistaní para que vuelva a la vía de la «democracia».
El jefe de la diplomacía británica, David Miliband, indicó en un comunicado que «todos los amigos de Pakistán estamos inquietos por estos acontecimientos». Tras indicar que la «paz y la seguridad» están «amenazadas», Miliband dijo estar «extremadamente preocupado» por las consecuencias del estado de emergencia, que podrían «alejar» a Pakistán de sus objetivos, para añadir que la «estabilidad, el desarrollo económico y la lucha contra el terrorismo exigen el respeto a la ley».
Por su parte, la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, rechazó desde Estambul las medidas e indicó «nosotros no apoyamos las medidas extra-constitucionales y, por tanto, esperamos que vuelvan rápidamente a la vía de la Constitución».
El Gobierno de India, tradicional enemigo de Pakistán, también se mostró contrario a las medidas excepcionales. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Navtej Sarna, señaló que «estamos confiados en una próxima vuelta a la normalidad, que permita continuar con la transición de Pakistán hacia la estabilidad y la democracia».
La Comisión Europea también dijo estar «preocupada» por la decisión de Musharraf e indicó que era «muy importante que el país continúe con su transición y celebre las elecciones legislativas» de enero.
La ex ministra Benazir Bhutto condenó la medida y afirmó que a menos que Musharraf dé marcha atrás «será muy difícil que se celebren elecciones imparciales».
