El colectivo de socorristas de piscinas y monitores deportivos de Gasteiz, en huelga desde el pasado día 22 de octubre, llevó a cabo ayer una concentración de protesta ante las oficinas del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Gasteiz en Mendizorrotza.

La plantilla volvió a denunciar el incumplimiento del convenio en cuanto al proceso de contratación, ya que las empresas adjudicatarias de este servicio «no han seguido el orden establecido por curriculums o por puntuación de monitores sino que se han dado calendarios de forma aleatoria», según explicó Maite Pascual, una de las trabajadoras. Los monitores en huelga se mostraron dispuestos a continuar con las concentraciones y actividades deportivas en la calle para defender sus reivindicaciones y recabar el apoyo de los ciudadanos que, según afirmaron, hasta ahora han obtenido. En cambio, lamentaron la actitud de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Gasteiz, que «no se quieren mojar».

«Por parte del PSE, hay poca intención de llegar a una solución», criticó Pascual. «la empresa dice que no tiene nada de qué hablar. Mientras no le presionen están bastante cómodos», añadió, y reclamó la intervención del Ayuntamiento.

La huelga mantiene cerradas las piscinas de la red de centros cívicos y paralizadas las actividades deportivas que organiza el Ayuntamiento y que adjudica a dos empresas privadas. Pascual denunció además amenazas por parte de la empresa «y eso tiene que ver con que algunos socorristas estén acudiendo a su puesto de trabajo».

«Tienen derecho al convenio»

Precisamente, diez asociaciones de vecinos reclamaron ayer la intervención directa del alcalde, Patxi Lazcoz, «ante la incapacidad de sus colaboradores para resolver el conflicto» y pidieron al Ayuntamiento que «deje de escudarse» en que no es su responsabilidad mediar y utilice los medios a su alcance «para evitar que el conflicto se prolongue innecesariamente».

En un comunicado, afirmaron que los trabajadores tienen derecho a que se les aplique el convenio vigente y los ciudadanos a un servicio por el que han pagado las tasas establecidas. «No es aceptable que un servicio público de responsabilidad municipal permanezca cerrado al público y la Administración no intervenga», insistieron.

Finalmente, mostraron su satisfacción por el trabajo que desempeña el colectivo de monitores y socorristas.