Martin Mendizabal, Ekaitz Ezkerra, Jon Etxeberria e Iñaki Coloma, los cuatro jóvenes detenidos en la madrugada del miércoles por la Policía española, quedaron ayer en libertad tras comparecer ante el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu, magistrado que se encontraba de guardia en el tribunal especial.

Los jóvenes fueron trasladados durante la mañana, después de haber permanecido cuatro días, en estado de incomunicación, en las dependencias policiales de Canillas. No obstante, los jóvenes comparecieron con la asistencia de sus abogadas de confianza y denunciaron el trato recibido de mano de la Policía en el transcurso de la incomunicación.

Explicaron que, «bajo amenazas y presiones», habían sido obligados a realizar declaraciones «inciertas» que desmintieron después ante el magistrado. Negaron rotundamente su participación en los hechos que se les imputaban.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española, por su parte, sólo solicitó la medida de prisión para Mendizabal, argumentando «un delito de estragos terroristas». Al término de la vista sin embargo, el juez Andreu decretó libertad para todos los imputados, aunque los jóvenes deberán comparecer semanal- mente en el juzgado.

Entre las imputaciones que el Ministerio del Interior español intentó atribuir a los jóvenes se encontraban «la dirección» de Segi en diversos barrios de Donostia, así como «la captación de nuevos jóvenes para esta organización».

No obstante, tras la puesta en libertad de estos cuatro jóvenes llama especialmente la atención el eco mediático desatado por el operativo desarrollado en Donostia. El propio ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, no tardó en salir a la palestra para ensalzar esta actuación policial dándole un «significado especial». Rubalcaba, fue más allá y dio por desarticulada a la organización juvenil Segi en la capital guipuz- coana. Explicó que con esta redada se quería «evitar que la cantera de ETA campe por sus respetos», además de «poner fin a la sensación de impunidad que envuelve los actos de kale borroka».

El titular de Interior español indicó que con este tipo de operativos se exhibe la «clarísima vocación» del Gobierno español. En esta línea, aseguró que lo que intenta el Ejecutivo de Zapatero es «evitar que salga gratis la kale borroka». Argumentó además esta decisión con datos de procedencia desconocida, donde se concluiría que «el 30% de quien practica violencia de baja intensidad acaba en la alta». En términos deportivos, señaló que la tarea policial se basa en evitar «el salto de juveniles a seniors».

Asimismo, en significativos medios españoles como en ``El País'' se llegó a tachar a los arrestados de «dinamizadores y reclutadores de aprendices de terrorista». De esta misma manera, el operativo del miércoles fue bautizada por ``Abc'' como «una operación de limpieza para liberar a la sociedad de las razias protagonizadas por los terroristas callejeros».

La macrorredada dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y llevada a cabo por la Policía española el 30 de octubre y que tuvo su segundo episodio el pasado miércoles se ha saldado con once detenciones, más de una veintena de viviendas registradas, un local juvenil inspeccionado y la irrupción de la Policía española en tres herriko tabernas y en un establecimiento de la Parte Vieja donostiarra.

Comparecencia en Donostia

Mientras que los cuatro jóvenes comparecían a cientos de kilómetros de sus hogares ante el juez del tribunal especial, decenas de donostiarras se aglutinaban en una rueda de prensa para arropar a su juventud.

Denunciaron la actitud mantenida por la Policía española, señalando que «con total impunidad han extendido miedo y terror» por la capital guipuzcoana. Asimismo, criticaron la situación de incomunicación impuesta a los arrestados, la cual ha llegado a rondar los diez días en cinco de los casos.

El movimiento pro-amnistía sostuvo que el objetivo primordial del operativo que ha azotado Donostia en las últimas semanas no es otro que crimi- nalizar a la juventud abertzale organizada.

No obstante, los congregados, parafraseando al ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraron que el Gobierno español «no tiene un conflicto con ese 30%», y «ni siquiera lo tiene con la juventud, sino que lo tiene con la totalidad de este pueblo».

Los donostiarras recordaron que este país padece un conflicto político que apremia una solución democrática. Indicaron que mientras tanto «ni la juventud ni la totalidad de Euskal Herria dejarán de luchar por los derechos de este pueblo».