Las compañías que se encargan del suministro de carburante en Gaza han dado la voz de alarma. Hoy domingo, si nadie lo remedia, la población del territorio ocupado palestino puede verse privada de petróleo. Israel ha llevado, restricción a restricción, a una crisis total de abastecimiento a la población civil, bajo el pretexto de castigar al gobierno de Hamas. Si las consecuencias de esa penuria se palpan en las actividades más cotidianas, las consecuencias políticas no son menos constatables. Con el patrocinio de EEUU, la Autoridad Nacional Palestina de Abbas parece decidida a surcar el camino marcado por la Administración norteamericana e Israel. Sin duda, Hamas y la población de Gaza son un obstáculo en ese camino. De ahí que Tel Aviv no dude en dejar en la penumbra a 1,4 millones de personas, con el objetivo de colocar el haz de luz sobre la próxima «conferencia de paz» con la que Washington pretende marcar un nuevo hito en la quiebra territorial -es decir, nacional- del pueblo palestino.

Sin embargo, la lucha de resistencia que libra la población palestina es un activo político fundamental para poner sobre la mesa una auténtica agenda de resolución del conflicto. La paz en Oriente Medio no será posible si Palestina no ve reconocido su derecho a construir un único Estado que sea política y económicamente viable. Y ello pasa por la devolución de los territorios ocupados, sin nuevas mermas, por una solución respecto a Jerusalén y por un compromiso con el retorno de los refugiados causados por las sucesivas campañas militares de Israel. No han cambiado las bases sobre las que edificar una paz justa en la región, y el desviarse de ese camino sólo implica prolongar en el tiempo un conflicto que tiene su guión de superación en las resoluciones de las Naciones Unidas.

En la misma región, otra nación sin Estado, Kurdistán vive bajo la amenaza de una nueva agresión por parte de Turquía, cuya intensidad aspira a modular el Gobierno de EEUU, a fin de no añadir problemas a la ya de por sí complicada situación por la que atraviesa su operación militar en Irak. De ahí que la Administración Bush se haya comprometido ante Ankara a apoyar su guerra contra el PKK en un mensaje que no lleva aparejado, de momento, una intervención a gran escala en Kurdistán Sur. Paradójicamente, en este caso el petróleo es el fin de esta maniobra y no el medio para acrecentar el sufrimiento de un pueblo, como en el caso de Gaza.

Aliados en estado de excepción

La política de alianzas de EEUU atraviesa por momentos complicados en otra zona neurálgica en estos tiempos de inestabilidad energética como es el Cáucaso, donde el aliado de la OTAN y presidente de Georgia, Mikhail Saahashvili, ha respondido a la protesta opositora decretando el estado de excepción. Este mecanismo es el mismo que ha servido al general Musharraf para tratar de detener, de momento sin éxito, las protestas de los paquistaníes. La escalada de tensión en el gigante asiático es vista con preocupación por Washington, cuya Administración se tapa la nariz para apuntalar en el poder a Musharraf a cambio de que éste ejerza de muro de contención ante el polvorín afgano. Con buena parte de la oposición en la cárcel o en el exilio, Musharraf pretende perpetuarse a toda costa en el poder. Si cumple su palabra de celebrar comicios antes de febrero de 2008, el general podrá hacerlo respetando el ritual de la democracia formal. George Bush, que lanza programas para «favorecer el cambio democrático» en Cuba, se contenta con que sus aliados respeten mínimamente el guión electoral, aunque la ausencia de libertades políticas y la quiebra del estado de derecho es hoy una realidad difícilmente ocultable en Pakistán o en Georgia. No hay que olvidar que en la mayoría de sistemas políticos el estado de excepción es el último recurso del estado de derecho para contener los deseos de libertad.

El guión se repite en Euskal Herria

En el contexto occidental existen mecanismos que, sin llegar al estado de excepción, ponen en entredicho las nociones básicas de un estado de derecho y dejan a las claras el déficit democrático. Así, los 52 procesados por el macrosumario 18/98 comparecían esta semana para dar cuenta de los preparativos de una sentencia que saben de antemano que se redactará y difundirá en el momento y forma que sean más rentables para el Gobierno español. Esa comparecencia pública se producía en el contexto de un nuevo operativo policial destinado a ahondar en la persecución de las ideas. De nuevo, cuatro jóvenes eran arrestados el miércoles en Donostia en la que el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, presentaba como la desarticulación de la estructura de Segi en Donostia. Alguien podría pedirle al ministro que explique por qué ni un proceso de ilegalización ni un macrojuicio han paralizado a la juventud independentista. Ayer, la Audiencia Nacional decidió la puesta en libertad de esos jóvenes, que han relatado haber sufrido malos tratos durante el período de incomunicación. Bien está el recriminar al «Wall Street Journal' un artículo difamatorio hacia el euskara, pero convendría que poderes públicos y ciudadanía aplicaran el mismo sentido crítico a lo dicho sobre esas personas por buena parte de los medios que se editan o distribuyen en Euskal Herria.