Parece ser que pasarse la vida en los tribunales es el sino de los vascos y vascas. Seguramente seremos la población mundial que más entiende, por conocimiento directo e indirecto, lo que significan términos como habeas corpus, presunción de inocencia, secreto de sumario, justicia... No han sido estos últimos términos elegidos al azar. Simplemente he querido destacar aquellos que conocemos precisamente por su nula aplicación y respeto.

El otro día me tocó asistir por enésima vez a un tribunal. En esta ocasión se trataba de un tribunal se supone que universitario cuyo objetivo era juzgar la aptitud de una persona para ocupar una plaza de catedrático en la UPV, concretamente en el campus de Ibaeta.

Decía que me tocó, porque «el juzgado» era mi hermano y me había invitado especialmente porque preveía, con acierto como luego se demostró, que pese a ser un tribunal universitario, me iba a sentir como «en mi salsa» tras año y medio asistiendo a otro juicio en la Audiencia Nacional española. Y así fue.

La cosa prometía, pues tenía como antecedente el anterior «juicio» al que ya fue sometido en el 2002 en relación a la adjudicación de esta plaza. Ya entonces la arbitrariedad e impunidad definieron la actitud de estos jueces/catedráticos. Tan evidente fue que incluso la justicia ordinaria, la de los de toga, dio la razón al «juzgado» y obligó a repetir el «juicio». Eso sí, con los mismos jueces/catedráticos. Los mismos cuya demostrada predisposición hacia mi hermano estaba detrás de las irregularidades que ya entonces sirvieron para negar la plaza en un ejercicio de arbitrariedad absoluta. Pero, en fin, los caminos de la justicia española son inescrutables, aunque esa justicia sea gestionada por tribunales situados en Euskal Herria.

Este segundo «juicio» volvió a resultar francamente un espectáculo bochornoso. Cuatro jue-ces/catedráticos venidos desde «Madrid», con un currículo y una capacidad académica manifiestamente inferior a la del juzgado se convierten, por obra y gracia de una legalidad y una jerarquía impuesta desde Madrid, en un tapón infranqueable para la adjudicación de una plaza creada en la UPV.

El currículo, la exposición del programa de estudios, las réplicas y contrarréplicas de carácter académico... todo daba absolutamente igual. Daba igual que esa plaza esté vacante desde 2002, con el perjuicio que para la propia Universidad ello supone, y que el «juzgado» fuese el único candidato que se haya presentado a la misma en este tiempo.

Los catedráticos madrileños ya decidieron en 2002 que este aspirante no iba a ocupar esa plaza. Que no iba a entrar en ese cortijo propicio al mangoneo que un selecto grupo de catedráticos pretenden controlar en exclusiva y, mucho menos, si no acredita lo único que parece ser garantía para eliminar el peligro frente a este tipo de atentados habitualmente perpetrados por catedrá- ticos/jueces: la inequívoca sumisión a los dictados de opciones políticas que no contrarían el status quo también impuesto por Madrid en la Universidad que algunos se empeñan en llamar «del País Vasco».

Lo dicho, como en la Audiencia Nacional española y como ante aquel tribunal, la misma constatación ante éste: necesitamos ser soberanos, para evitar que personajillos que viven del pesebre madrileño violenten nuestro presente y futuro e impidan construir entre todos nuestras propias leyes y formas de comportamiento también en la universidad.