El tribunal considera probado que Rafael Vera ordenó, entre 1988 y 1994, que más de 206 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados se utilizaran para «compensar la disminución de ingresos» que sufrieron los ex policías Míchel Domínguez y José Amedo, a raíz de su ingreso en prisión tras ser condenados por los atentados cometidos por los GAL.

Por ello, condena al ex secretario de Estado como autor de un «delito de malversación de fondos públicos», mientras que Juan de Justo ha sido condenado por «cooperador necesario». La sentencia considera probado que Vera, que ocupó la Secretaría de Estado de Seguridad entre 1986 y 1994, ordenó los pagos para «garantizar el silencio de los dos procesados y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL», entre los que se encontraba él mismo. «Esta decisión fue tomada por Rafael Vera con pleno conocimiento de que los fondos reservados no se podían destinar a cubrir este tipo de gastos», afirma el tribunal.

La sección 26 de la Audiencia Provincial obliga a los condenados, a los citados ex policías y a sus esposas, María Ángeles Acedo y Alicia Sánchez Carrión, a devolver el dinero que se malversó. El fallo absuelve, sin embargo, al ahora jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Félix Hernando, y al ex policía fallecido Aníbal Machín como cooperadores de este delito, al considerar que no tenían conocimiento del destino de los maletines que entregaron en Suiza a las esposas de los ex policías.

Las condenas son inferiores a las peticiones del fiscal anticorrupción, Luis Rodríguez Sol, que solicitó que Vera, De Justo y Hernando cumplieran, respectivamente, penas de cárcel de siete, cuatro y dos años.