Apenas tres meses de legislatura le han bastado al PSN para corregirse a sí mismo. En julio rechazó la pretensión de UPN de marginar a la izquierda abertzale de los llamados «órganos de representación municipal» (la sociedad de comercios minoristas de la capital navarra -Comiruña- y los consejos de salud de diez barrios). Además, en setiembre, en el primer pleno potente del curso, contribuyó a sacar adelante mociones en favor del reconocimiento a los fusilados del 36, de la recolocación de la estela por Germán Rodríguez y de censura a la deriva de la Policía Municipal.

Pero ayer quedó claro que todo era un espejismo. El PSN se ancla en la posición fijada tras las elecciones, cuando renunció a conformar un gobierno alternativo y dio la Alcaldía a UPN. A Maite Esporrín le tocó ayer la ardua labor de desdecirse y argumentar por qué ahora ANV sí debe ser excluido. Comenzó en tono suave, esgrimiendo que con ello «les dimos una oportunidad». Pero cuando desde los bancos de enfrente se le reprochó que con decisiones como éstas otorgue a Yolanda Barcina la primacía que no le concedieron las urnas, Esporrín no se cortó un pelo: «UPN tiene mayoría absoluta en este pleno para los temas de terrorismo; la ha tenido siempre y la tiene ahora». Más claro, agua.

La condena, «útil» para UPN

Pero el PSN se equivocaba si preveía que UPN se conformaría con su aval a la retirada de cargos municipales. José Iribas, el portavoz del grupo de Barcina, apuntó de modo reiterado que su aspiración es que ANV sea borrada de las instituciones. «Hemos hecho todo lo que de- bíamos hacer, ahora les corresponde a los jueces», apuntó Iribas en una intervención en la que no cesó de mirar de modo desafiante a los dos ediles independentistas. Uno de ellos, Mikel Gastesi, elevó el tono ante una de sus andanadas: «Tú no sólo nos quieres ilegalizados, sino incluso en un campo de exterminio, igual allá por San Cristóbal», apuntó en referencia al penal de Ezkaba en el que murieron varios cientos de luchadores antifranquistas.

Su compañera de filas, Mariné Pueyo, explicó por qué no se someten a la imposición de la condena de las acciones de ETA, excusa utilizada para esta retirada de cargos. Frente a Iribas -que la definió como medida «útil»- y a Esporrín -para quien es «un límite, una línea divisoria clara»-, Pueyo afirmó que «con esto se busca sólo la rendición incondicional. No caeremos en la trampa».

La edil independentista puso énfasis en remarcar que «nosotros estamos por la defensa de todos los derechos de todas las personas en todo el mundo», recordó Anoeta y el Anaitasuna, y reprochó -parafraseando a Patxi López- que «quien pasó la apisonadora sobre ellos es quien utilizó el proceso en función de sus intereses». El debate entró entonces en cuestiones de calado. Y en este punto, resultó llamativo el afán de Esporrín en que quedara claro que el PSN no había participado en ninguna mesa de negociación.

El veto se aprobó finalmente sólo con los votos de UPN y PSN. Desde Nafarroa Bai, Uxue Barkos censuró a ANV «su incapacidad para condenar a viva voz la violencia», pero reprochó a los impulsores de la moción que «lo que no se puede hacer es cuestionar los fallos del Tribunal Supremo y el Constitucional». Recordó al PSN que en este caso su contradicción es doble, porque en julio votó lo contrario: «Con esta posición habría que cuestionar también al fiscal general», dejó caer.

Los cargos arrebatados a la izquierda abertzale se los repartirán UPN y PSN -NaBai declinó la oferta de Iribas para ocupar alguno de ellos-. El portavoz de UPN indicó que les supondrá más trabajo, «pero es una cuestión de ética». Tampoco es sólo trabajo; Iribas no dijo que en el caso de Comiruña las dietas por sesión superan los 300 euros, según fuentes municipales.