La Justicia turca comenzó ayer el procedimiento que podría suponer la prohibición del principal partido pro kurdo, el DTP, que cuenta con una veintena de electos en el Parlamento de Ankara. El argumento empleado por los jueces turcos es la supuesta relación con la guerrilla del PKK.

El DTP fue fundado en 2005, después de que varios partidos que defendían los derechos de los kurdos (como el DEP o el HADEP) fueran declarados ilegales. En las elecciones de julio pasado, el DTP logró una veintena de diputados pese a las trabas que impone la legislación turca, al exigir un mínimo del 10% a nivel estatal para entrar en el Parlamento. Los candidatos del DTP se presentaron como independientes y lograron evitar este filtro gracias al masivo apoyo popular que lograron en las circunscripciones kurdas.

En las últimas semanas, varios medios de comunicación turcos han defendido la ilegalización del DTP, destacando que en un estado de la UE también se ha prohibido la actividad de un partido político con miles de votos: la ilegalización de Batasuna por parte del Estado español.

«Este partido se ha convertido en un cubil en el que se realizan actividades que perjudican a la independencia del Estado y a su unidad indivisible», afirmó el fiscal del Tribunal de Casación, Abdurrahman Yalçinkaya, que vinculó al DTP con el PKK.

El fiscal reclamó, además, que se prohíba la actividad política de los dirigentes de esta formación durante cinco años. Esta medida afecta a ocho diputados del DTP.

Según el acta de acusación, la dirección del DTP obedece las directrices marcadas por el líder del PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado en la prisión-isla de Imrali, situada en el mar de Mármara.

La amenaza de ilegalización del DTP coincide con las amenazas turcas de intervenir militarmente en Kurdistán Sur (actualmente perteneciente al Estado iraquí) para atacar las bases guerrilleras del PKK.

La primera reacción del DTP tras conocerse la denuncia del fiscal fue denunciar que se trata de «un atentado contra la democracia».

«La verdad es que no nos pilla por sorpresa», declaró Sirri Sakik, diputado y una de las figuras influyentes del DTP, quien añadió que la medida «supone un paso atrás (de Turquía) en el proceso de democratización y de integración en la UE».

Una de las condiciones que se la ha impuesto desde Bruselas a Turquía para su acercamiento a la UE es, precisamente, un cambio de la política hacia los kurdos y un reconocimiento mínimo de los derechos nacionales de este pueblo en ámbitos como la regularización del uso del kurdo en la enseñanza y en los medios de comunicación del Estado turco.