Euskara Kultur Elkargoa (EKE) dio a conocer ayer que el Tribunal Supremo español ha anulado de modo definitivo el plan de actuación para la «zona vascófona» derivado del polémico decreto sobre el euskara en la Administración aprobado por el Gobierno de UPN en 2000.

La decisión supone la confirmación de la anulación judicial del decreto y de todas las medidas emanadas del mismo. Sin embargo, la importancia del fallo no va en correspondencia con su repercusión práctica, ya que el Ejecutivo liderado en esta materia por Miguel Sanz y Pedro Pegenaute aprobó después, en 2003, otro decreto para evitar los sucesivos reveses judiciales. Euskara Kultur Elkargoa admite que este nuevo decreto mantiene «el espíritu y la letra» de la norma anulada.

EKE recuerda que el propio decreto de base fue anulado por el Supremo ya en sentencia firme de junio de 2006, tras la invalidación inicial por parte del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa en 2002, y otro tanto ocurre ahora con el plan que regulaba el uso del euskara en la Administración en la «zona vascófona». Se ponen fin así, según recuerda, a «siete largos años de procedimiento judicial». «Siete años más de obstáculos para el desarrollo del euskara en Nafarroa», valora EKE.

Recurso también por 2003

La norma actualmente en vigor, aprobada en 2003, también ha sido llevada a los tribunales por EKE, que está ahora a la espera del pronunciamiento del TS.

Entre los aspectos positivos que EKE encuentra en este último fallo está el de que el TS recuerda al Gobierno navarro que la valoración del euskara para el acceso a puestos de trabajo en la Administración «no debe entenderse como un requisito extra y mucho menos discriminatorio, sino como requisito necesario».