Los venezolanos tienen una cita con las urnas el 2 de diciembre para ratificar o rechazar una reforma constitucional que busca profundizar en la democratización del país y que ha sido duramente criticada tanto por la oligarquía local como por las multinacionales europeas y estadounidenses.

Uno de los puntos más polémicos es el artículo 230, que establece que el periodo de mandato del presidente es de siete años y que puede ser reelegido «de forma continua». La redacción de la actual Constitución venezolana limita la reelección a una sola ocasión.

A raíz de este artículo, la oposición a Chávez y sus altavoces mediáticos en el exterior han acusado al presidente de «querer perpetuarse en el poder». Sin embargo, si la reforma constitucional sale adelante Chávez sólo podría «perpetuarse en el poder» si los venezolanos le siguen votando, como hasta ahora ha ocurrido, en las urnas.

En un estudio de la reforma constitucional editado por la Embajada venezolana en Madrid, se destaca que en 17 de los 27 países de la UE -entre ellos los de los estados español y francés- la reelección del presidente o del primer ministro no tiene ninguna limitación temporal. Este es el modelo que quiere implantar ahora Chávez.

A todo ello, hay que añadirle que en Venezuela está vigente la figura del referéndum revocatorio, por el que se puede dar por terminado el mandato de un presidente (o un gobernador, alcalde o diputado) si se consiguen los votos necesarios. El propio Chávez superó uno de estos referendos revocatorios en 2004. La nueva reforma incrementa los porcentajes necesarios para la convocatoria de estos referendos para dar estabilidad al país. «Se trata de un procedimiento democrático que muy pocos países del mundo, además de Venezuela, se permiten», destaca el Gobierno bolivariano.

Junto a ello, otro de los puntos estrella de la reforma es la introducción de nuevos tipos de propiedad, además de la pública y la privada existentes actualmente. Se introducen la social, la colectiva, la mixta. Este artículo, el 115, también ha despertado las iras de la oligarquía, que ha acusado a Chávez de seguir el modelo cubano.

A las empresas venezolanas -y a las transnacionales- tampoco les ha gustado que el artículo 90 introduzca la seis horas de jornada laboral para incentivar la productividad y crear nuevos puestos de trabajo y que el artículo 87 cree, por primera vez, un entorno institucional para los trabajadores autónomos. Además, establece la seguridad social para los trabajadores culturales y las empleadas del servicio doméstico, entre otras cuestiones.

La introducción del voto paritario en los claustros de las universidades (artículo 109) elimina el voto ponderado por el que el de los profesores tenía más peso que el de los alumnos, mientras que el 136 instaura un nuevo poder, el popular, que surge de los consejos comunales. La nueva Constitución también reconoce la cultura de indígenas y afrodescendientes (100) y prohíbe expresamente los monopolios (113).

Junto a ello, la reforma constitucional no es, en ningún caso, una imposición personal del presidente Chávez, ya que su propuesta fue debatida y modificada por la Asamblea Nacional. También se han tenido en cuenta las aportaciones de distintos agentes de la sociedad venezolana.

Para ello se han organizado mesas comunitarias, grupos de trabajadores, empresarios y agricultores, además de asambleas municipales y estatales que han debatido la reforma y presentado sus planteamientos en la Asamblea Nacional.

Tras este largo proceso de aportaciones, finalmente, será el pueblo venezolano quien, libremente, apruebe o rechace todo el proceso el 2 de diciembre.