A unas horas de agotarse su mandato constitucional, y sin acuerdo de relevo, el presidente Emile Lahud decidió decretar el estado de excepción en Líbano. La actual crisis política libanesa tiene relación con el desarrollo de otros focos de conflicto de la región (Irak, Irán, Palestina) pero su plasmación institucional obedece, de manera añadida, a un modelo de reparto sectario del poder en el que tienen mucho que decir, primero, las antiguas potencias colonizadoras, y en particular Gran Bretaña y el Estado francés, y en las últimas décadas las sucesivas administraciones de EEUU e Israel. El modelo que entrega el poder a la comunidad cristiana ha entrado en una fase de descomposición clara por la progresión demográfica musulmana, pero también por el creciente liderazgo político sobre la minoría mayoritaria chií de Hezbolá, acrecentado tras la «no victoria» israelí en la ofensiva militar de agosto de 2006. La respuesta a la agresión sirvió para cohesionar temporalmente a la población libanesa, pero el sistema político sectario -avalado por la ONU en 2004-, además de demostrarse ineficaz, sirve de aliento a las rencillas comunitarias. Si a ello se suma la presencia de fuerzas de la OTAN al sur del país dispuestas a intervenir ante un estallido interno, es claro que Líbano enfrenta hoy un importante riesgo de desestabilización.