Alrededor de un millar de personas participaron en la manifestación que en la tarde de ayer recorrió las calles de Gasteiz para exigir la libertad de Gotzone López de Luzuriaga, presa política vasca a la que, pese a sufrir cáncer de mama, han denegado su excarcelación por negarse a firmar un texto en el que se le iinstaba a «repudiar su delito».

A pesar de que los dos diagnósticos médicos en manos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria -uno aportado por la doctora Mati Iturralde y el otro firmado por el subdirector médico de la cárcel de Jaen- apuntan a la necesidad de que la prisionera aguraindarra sea excarcelada para poder recibir un tratamiento adecuado, este juzgado de la Audiencia Nacional española se ha negado a ello. Por esta razón, al final de la manifestación de la capital alavesa, desde el movimiento pro amnistía se denunció el criterio político que ha imperado en este caso, como sucede con el resto de los presos políticos vascos, y se acusó al Estado español de utilizar a los represaliados como rehenes.

Asimismo, se recordó que, al igual que López de Luzuriaga, cuya libertad reclamaron los manifestantes, hay otros presos que sufren graves dolencias y deben estar en libertad.

Antes de concluir el acto con el «Eusko Gudariak», se recordó también a Aiala Manrique, joven gasteiztarra recientemente detenida para cumplir condena por el caso de las «redadas preventivas», y se destacó que otras personas están a la espera de ser detenidas por este motivo.

También en demanda de la inmediata liberación de los presos políticos con enfermedades graves e incurables, y concretamente de Gotzone López de Luzuriaga, LAB llevó a cabo ayer sendas concentraciones en Agurain: la primera al mediodía y la segunda al anochecer.

LAB apela al «compromiso»

No obstante, la central abertzale recordó que el de López de Luzuriaga no es un caso aislado. «La falta de garantías y de respeto a la salud de los presos y presas no es más que una pena de muerte encubierta, y para evitarla es imprescindible el compromiso de todos y todas», indicó en una nota, en la que denun- ció que los estados español y francés «no respetan los derechos de los presos y presas, les niegan la asistencia sanitaria que precisan e impiden que reciban ayuda de profesionales de su confianza».

Es por ello que LAB llamó a secundar cuantas movilizaciones se lleven a cabo a favor de derecho a la salud del Colectivo de Presos Políticos Vascos.

Otro prisionero que se encuentra gravemente enfermo y al que deniegan la aplicación del artículo 92 es Ánjel Figueroa. El algortarra fue trasladado recientemente de la prisión de Langraiz a la de Córdoba -en el viaje sufrió varios crisis de epilepsia-, ciudad donde el pasado lunes fue juzgado bajo la acusación de un delito de «desobediencia a la autoridad». La Fiscalía solicitó una sanción econó- mica que asciende a 150 euros.

La Guardia Civil imputa al preso insultos y golpes a varios agentes que pretendían cachearle en un anterior traslado, mientras que Figueroa alega que fue agarrado por la espalda y tirado al suelo, momento en que sufrió un ataque epiléptico.