«Es una práctica habitual y bien considerada a escala internacional, que puedan reunirse y dialogar todos los actores políticos y sociales, sea cual fuere su estatus legal, si tienen la mínima capacidad de influir en la finalización de enfrentamientos armados, la disminución o finalización de cualquier tipo de violencia existente, y mediante dicho diálogo lograr poner punto final a cualquier conflicto violento».

Esta es la conclusión a la que llegan Federico Mayor Zaragoza y Viçens Fisas en el informe que como prueba pericial ha presentado la defensa de los cinco dirigentes de la izquierda abertzale imputados por el TSJPV por sus reuniones con el lehendakari y con representantes del PSE.

Federico Mayor Zaragoza tiene una dilatada trayectoria y un amplísimo currículo, en el que destaca que fue director general de la Unesco y es en la actualidad copresidente del Grupo de Alto Nivel de la ONU encargado de promover la Alianza de Civilizaciones. Viçens Fisas es Director de la Escuela de Cultura de la Paz y responsable de la cátedra de Derechos Humanos de la Unesco de la Universidad Autónoma de Barcelona.

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Su escrito -que obra ya en poder del TSJPV y al que ha tenido acceso GARA- arranca constatando que «en tres de cada cuatro» conflictos armados «existen diálogos exploratorios, negociaciones formales o procesos de paz consolidados». Por lo que recogen que la «norma habitual» es que los actores principales «busquen la manera de entrar en comunicación».

Destacan además que «el hecho de que un grupo armado esté en las listas terroristas de la Unión Europea o de Estados Unidos, o haya sido declarado unilateralmente como terrorista por parte del Gobierno afectado, no suele ser impedimento para que dicho Gobierno entable negociaciones con dicho grupo». Y añaden un largo listado de conflictos en los que se han dado estas negociaciones, con la participación de equipos formados por las mas altas autoridades de un estado, con «facilitadores externos» y con grupos que por «cercanía ideológica» pueden «ejercer una labor de `buenos oficios'».

Los redactores del informe se detienen en explicar que la «función intermediaria» de estos grupos a los que se atribuye cercanía ideológica con los grupos armados «no está nunca penalizada en la medida en que se sobreentiende que su función no es alargar o agravar el conflicto o las violencias implícitas en dicho conflicto, sino ponerles fin».

Federico Mayor Zaragoza y Viçens Fisas recuerdan que «en ningún caso, y sin excepción, ninguna de las personas mencionadas que han participado en las etapas exploratorias, en los primeros diálogos o en las negociaciones formales, sean de equipos gubernamentales o de instancias facilitadoras, han sido acusadas jamás de colaboración con grupos o bandas armadas, o de realizar actos ilegales, sino todo lo contrario, al considerarse imprescindible estos contactos para desarrollar las condiciones que permitan abrir una negociación que finalice con la dejación de las armas y la práctica de la violencia por parte de dichos grupos».

Además, apuntan a reglón seguido que «la necesidad de estos contactos, diálogos, exploraciones y negociaciones está avalada por la práctica diplomática que llevan a cabo todos los paises, por diversas Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la propia definición dada por dicha Organización al concepto de `establecimiento de la paz', que hace referencia `al uso de medios diplomáticos para persuadir a las partes en conflicto de que cesen sus hostilidades y negocien un arreglo pacífico de sus controversias'».

Mayor Zaragoza y Fisas defenderán su informe ante el TSJPV en el juicio contra cinco dirigentes de la izquierda abertzale, el lehendakari y cargos del PSE.